Ahora que casi todos los países desarrollados intentan reducir los gastos farmacéuticos de la sanidad pública, Estados Unidos los va a aumentar. Con la reforma de Medicare, el seguro médico público para jubilados, aprobada la semana pasada por el Congreso, la Administración norteamericana pagará parte de los gastos en medicamentos prescritos a los mayores. Esto, que en otras naciones se da por supuesto, era una de las promesas electorales del presidente George Bush.
A primera vista parece difícil que pueda haber alguien en contra. Sin embargo, la reforma tiene enemigos, porque -según ellos- equivale a privatizar Medicare y lo llevará a la quiebra. Las razones están en las peculiaridades del país, donde la cobertura social no es universal, la medicina es en su mayor parte privada y los fármacos son muy caros.
Medicare, creado en 1965, tiene dos partes. La primera cubre la mayor parte de los gastos hospitalarios. Para los pensionistas que cotizaron a la Seguridad Social, este seguro es automático; los otros tienen que suscribirlo y pagar una prima. La segunda parte, para gastos médicos no hospitalarios, no es gratis para nadie: cuesta cerca de 60 dólares mensuales al que la quiera. En ningún caso cubre el costo de los medicamentos, aunque sean prescritos por un médico afiliado a Medicare. Actualmente el seguro tiene unos 40 millones de beneficiarios.
Cuando entre en vigor la reforma, en 2006, los asegurados podrán obtener, por 35 dólares mensuales, una tarjeta que les dará derecho a descuentos en la farmacia, pero deberán pagar de su bolsillo los primeros 250 dólares anuales. Luego, Medicare pagará el 75% del gasto hasta 2.250 dólares, y nada de lo que pase de ahí, a no ser que la factura total del año alcance 5.100 dólares.
Salvo los más sanos, los pensionistas agradecerán la reforma. Pero, según la oposición demócrata, no les gustará cuando se enteren de los detalles. Como las atenciones a los beneficiarios de Medicare son prestadas por el sector privado, hay que estimular a las aseguradoras a sumarse al nuevo plan, cosa que se hará con subvenciones federales. Se espera que la competencia entre prestadores ayude a reducir costos, pero también hará aún más complejo el sistema, que ya sin la reforma es bastante enmarañado. Los asegurados tendrán que romperse la cabeza para averiguar qué proveedor les conviene. Como no habrá lista oficial de medicamentos cubiertos, puede suceder, por ejemplo, que una compañía ofrezca las pastillas que uno necesita, pero cobre una tarifa más alta por pruebas y análisis o no permita acceso directo al especialista. De ahí que los contrarios a la reforma no vean claras las ventajas de introducir más competencia y crean que el nuevo plan dejará a los beneficiarios en manos de las organizaciones privadas.
La fuerza del «lobby» farmacéutico
Se calcula que la reforma costará 400.000 millones de dólares en los primeros diez años. Algunos consideran muy improbable que se logre contener el gasto federal en Medicare, pues en los próximos años los beneficiarios alcanzarán los 70 millones y, sobre todo, porque la reforma omite tres medidas que bajarían el coste de los medicamentos.
La primera tiene que ver con el mecanismo de compra. Sin duda, los proveedores privados obtendrán precios más bajos, al encargar remesas de fármacos para sus nuevos clientes de Medicare. Pero una multitud de compradores fuertes no podrá lograr descuentos tan grandes como uno solo, y la ley prohíbe expresamente que el gobierno negocie los precios de medicamentos para los asegurados.
En segundo lugar, la ley también excluye la regulación de precios para las medicinas. Tercero, no permite que los proveedores las importen. Esta última sería la manera más sencilla de abaratar. Un mismo medicamento de patente norteamericana cuesta mucho menos en el extranjero. Así, cada vez más estadounidenses compran fármacos en Canadá, a través de Internet si no quieren cruzar la frontera. Los laboratorios, a falta de otros recursos, instan a Washington a que presione ante el gobierno de Canadá y han empezado a cortar el suministro a los reexportadores del país vecino. Pero el obstáculo es fácil de sortear: basta comprar en Europa.
La fuerza del lobby farmacéutico, evidente en la reforma de Medicare, también se hace sentir en otros ámbitos. Dos días después de que el Congreso aprobara la ampliación del seguro, se conocía la disputa entre Estados Unidos y Australia a propósito de los medicamentos. En las negociaciones sobre un tratado bilateral de comercio, Washington reclama, como desean los laboratorios, que la sanidad pública australiana deje de obtener precios más bajos actuando como central de compras. También en Europa la industria farmacéutica ha plantado batalla. Quiere que, cuando se amplíe la Unión Europea (mayo de 2004) a diez países menos ricos, se prohíba la reexportación de medicamentos desde los miembros nuevos, donde son más baratos, a los actuales.
La Administración Bush suscribe la postura de las multinacionales. Estas afirman que en Estados Unidos, su mayor mercado, las medicinas son caras porque fuera son muy baratas. O sea, prosigue el argumento, los demás países desarrollados se benefician de los inventos norteamericanos sin cargar con la parte que les corresponde de los costes por I+D. Los otros replican que el dinero norteamericano no es el único que se gasta en el mundo para producir nuevos fármacos. En cualquier caso, la querella revela la dificultad de mantener precios distintos con la actual fluidez del transporte y el comercio internacionales. Y habría que discutir si los consumidores estadounidenses subvencionan a los extranjeros o a la industria farmacéutica de su propio país.