Análisis
Con la tranquilidad de no ser candidato a la reelección, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, ha admitido que la escuela privada concertada es indispensable en el sistema educativo y que solo se mantiene gracias a que es financiada en parte por los padres. En teoría, un centro concertado no podría cobrar cuotas a las familias, pero Pujol admitió en un coloquio informal con profesores de la concertada: «Todos hacemos un poco de trampa: el gobierno catalán, la escuela concertada, los padres, la Administración central… Incluso cuando llega a gobernar algún partido de la oposición, que es muy feroz, también cierra los ojos, porque sabe que es muy difícil actuar de una manera que haga viable una escuela privada concertada».
Pujol criticó a los que mantienen «una antipatía casi visceral hacia la privada, sea confesional o no», aunque luego no pocos políticos de izquierda lleven allí a sus hijos. «La enseñanza privada concertada -agregó- está en parte subvencionada no solo por los conciertos de la Generalitat, sino también, poco o mucho, por los padres». Y para que no sea así, «en el futuro tiene que cambiar la financiación de la escuela privada».
Con su habitual realismo, Pujol no ha hecho más que recordar lo que está a la vista de todo el mundo, aunque no se diga. Pero ya se sabe que el hombre no soporta excesiva realidad. Y enseguida algunos sectores sindicales (UGT, CC.OO.) le han acusado de que su gobierno hace trampas con la ley para favorecer a la enseñanza concertada.
Pero la gran trampa en la financiación de la enseñanza concertada es exigir la gratuidad total sin dar los fondos públicos que permitan cubrir los costes. Es bien sabido que el dinero del concierto no cubre una serie de gastos de funcionamiento que sí están atendidos en la dotación de las escuelas públicas, por no hablar de los costes de inversión, que quedan solo a cargo de los propietarios.
De este modo, la enseñanza concertada supone un buen alivio para las arcas del Estado. El propio Artur Mas, sucesor de Pujol, ha comentado que la Generalitat podía invertir más en el sistema público de enseñanza, «gracias a que tenemos una escuela concertada en la que los alumnos nos cuestan la mitad que en la pública».
Jordi Pujol declaró también que «si algún día, de repente, y como algunos quieren, desaparecieran los centros privados concertados, se hundiría todo el sistema educativo».
Como muestra de lo que supone la retirada de la iniciativa privada en un sector clave, tenemos la anunciada decisión de cuatro grandes bancos y cuatro empresas energéticas de dejar de financiar a partir del próximo año la asistencia médica de sus empleados (más de 250.000 personas). Hasta ahora, bajo el sistema de entidades colaboradoras con la Seguridad Social, algunas grandes empresas se han hecho cargo de la atención sanitaria de sus trabajadores con plantilla propia de médicos y por acuerdos con hospitales privados. Las empresas pagaban íntegras sus cuotas a la Seguridad Social y el Estado les abonaba los gastos de la atención médica de sus trabajadores. Pero, según las compañías, el Ministerio de Trabajo no les reembolsa todo lo que gastan, con lo que han decidido abandonar el sistema.
Cabría esperar que todos los que tanto en la sanidad como en la enseñanza piensan que fuera de lo público no hay salvación, dieran saltos de alegría ante esta noticia por la que 250.000 personas (190.000 en Madrid) pasarían a ser atendidas por la sanidad pública. Pero no. Todos los partidos, desde el PP a IU, así como los sindicatos UGT y CC.OO., coinciden en que la desaparición de las entidades colaboradoras es muy mala noticia. Se teme una avalancha de pacientes sobre la ya sobrecargada sanidad pública madrileña.
CC.OO. y UGT piden al Ministerio de Trabajo que no autorice la desaparición de las entidades colaboradoras. Piden una prórroga, un foro para buscar soluciones. Partidos y sindicatos de izquierda, que siempre han enarbolado la bandera de la sanidad pública, advierten ahora que la sanidad pública madrileña no está preparada y puede colapsarse. «Apostamos por reforzar la sanidad pública para que en el futuro atienda a toda la población, pero a largo plazo», señala el portavoz del PSOE. Cuanto más largo, mejor. En Telefónica, que renunció a la asistencia sanitaria de sus 100.000 trabajadores desde el pasado 1 de julio, los sindicatos acordaron contratar con la compañía un seguro médico privado, lo que ha evitado que desembarcaran en la sanidad pública.
El desembarco sería desde luego gravoso para las arcas públicas, que hasta ahora se ahorraban dinero con el sistema de entidades colaboradoras. El gobierno de Madrid se muestra inquieto por la llegada de estos clientes no deseados en la sanidad pública, y se pregunta de dónde va a sacar el dinero.
Podemos preguntarnos qué pasaría si la enseñanza concertada (un tercio del total de alumnos) decidiera un día cerrar sus centros, porque el concierto no cubre los costes reales. Seguro que hasta UGT y CC.OO. pedirían que se les impidiese cerrar. Aunque solo fuera porque ya no tendrían un chivo expiatorio para echarle la culpa de todos los males de la enseñanza pública.
Ignacio Aréchaga