Existe la creencia de que el cultivo de droga beneficia económicamente a los países productores, como si fuera la tabla de salvación del medio rural. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe de este año desmiente tal creencia: los negocios con droga no solucionan los problemas económicos a corto plazo y provocan graves consecuencias a largo plazo.
Se estima que a finales de los ochenta el 3% de la población rural de Bolivia y Perú, y un porcentaje análogo en Afganistán y Colombia a finales de los noventa, se dedicaba a la producción de droga. Esto podría considerarse económicamente favorable. Sin embargo, solo obtienen grandes ganancias quienes organizan el comercio de la droga; el resto, incluso muchos de los que se han beneficiado en un primer momento, se ven perjudicados a largo plazo, ya que esa industria provoca grandes problemas en el desarrollo económico del país.
Se calcula que en 2001 el beneficio para los cultivadores de adormidera (400 millones de dólares) y los de coca (700 millones) fue solo el 1,3% del total de ingresos agrícolas de los países implicados. Unos beneficios ridículos, por otra parte, si se comparan con los gastos sanitarios que se originan en los países consumidores, con los presupuestos mundiales de ayuda al desarrollo o con los presupuestos de fiscalización en los países más afectados por el abuso de drogas. Por ejemplo, el presupuesto estadounidense de fiscalización fue de 33.000 millones de dólares ese mismo año. Con una mínima parte de esos presupuestos se podría compensar el déficit de los agricultores que se pasaran a los cultivos legales.
Pero además, en EE.UU. y Europa, principales mercados de la droga, los consumidores se gastaron 48.000 millones de dólares en cocaína y 32.000 millones en heroína. Es decir, solo el 1% de lo que gastan los adictos se percibe como ingreso agrícola en los países en desarrollo. El 99% restante cae en manos de los narcotraficantes que actúan en los distintos puntos de la cadena. De forma que entre las dos terceras partes y la mitad de las ganancias se quedan en los países desarrollados.
El informe explica con detenimiento que los resultados a corto plazo, desde el punto de vista puramente económico, son positivos: aumento del poder adquisitivo (si bien por debajo del que causaría una actividad legítima), efecto multiplicador (cierto desarrollo del comercio local provocado por la compraventa de bienes y servicios), etc.
Sin embargo, la JIFE asegura que no hay indicios de que la expansión de los cultivos ilícitos mejore la situación económica general. Así, el cultivo de coca ha crecido en Colombia a lo largo de los noventa; sin embargo, la expansión económica perdió fuelle e incluso llegó a ser negativa a finales de la década. En cambio, en Bolivia y Perú se aceleró la expansión económica en esos años y llegó a superar la media de los países latinoamericanos, a pesar de la bajada de la producción de coca.
Algo similar ocurre en otros continentes. Aunque no hay demasiados datos acerca del desarrollo económico de Afganistán en los últimos veinte años, hay indicios de que el crecimiento económico ha sido negativo desde que se inició el cultivo de adormidera a gran escala.
El caso de Pakistán es claro: en los ochenta informó a la JIFE de su mayor descenso de producción de opio; fue entonces cuando tuvo la tasa de crecimiento más alta de Asia suroccidental (6,3% anual), muy por encima de la tasa de crecimiento mundial (3,4%). Birmania, por su parte, decuplicó la producción de opio en los ochenta; sin embargo, registró en ese período la tasa más baja de crecimiento del producto interior bruto (PIB). En cambio, en los noventa, bajó la producción de opio una tercera parte y el PIB se puso al nivel de los países vecinos. La JIFE concluye que si la producción de opio hubiese impulsado el desarrollo económico, Birmania no tendría la renta per cápita más baja de la región. La economía se ha comportado de manera análoga en Tailandia, Laos, Vietnam y Líbano.
La JIFE advierte que no ha encontrado relación directa entre la producción ilícita de drogas y el declive de la actividad económica general, en la que intervienen muchos más factores. Es más, el cultivo ilícito puede ser en muchos casos una reacción ante el empeoramiento de las condiciones económicas. El problema es que los escasos beneficios que reporta no sirven para impulsar el desarrollo.