Datos divulgados este año en España se han usado para afirmar que ha aumentado la delincuencia, en gran parte a causa de los inmigrantes. Ni lo uno ni lo otro es cierto, replica un estudio de Daniel Wagman, incluido en el Informe Anual 2002 sobre el Racismo en el Estado Español, de la ONG SOS Racismo. Wagman sostiene que los números publicados son inexactos o suman cosas heterogéneas.
En enero pasado, la Dirección General de la Policía achacó al aumento de la población inmigrante la subida de casi un 10% en el número de delitos denunciados en 2001, con respecto al año anterior. Más tarde, el Partido Socialista usó los datos sobre delincuencia para sus propios propósitos: atribuyó a la ineficacia del gobierno el aumento de la criminalidad desde la década pasada, que -según decía- había convertido a España en el país de la Unión Europea con mayor tasa de homicidios (1.234 en 2001, 2,6 por 100.000 habitantes).
Wagman, en cambio, señala que ese total incluye los homicidios en grado de tentativa. En realidad, el año pasado murieron por acto criminal 601 personas, solo 8 más que en 2000 y un total muy similar a los de 1992-1995, cuando la población era menor. La verdadera tasa, entonces, es de 1,5 homicidios por 100.000 habitantes, más baja que la media de la Unión Europea (1,7 por 100.000).
En cuanto a la criminalidad total, en 2001 solo aumentaron los delitos contra la propiedad, mientras que otros más graves (violencia contra personas, delitos contra la libertad sexual, tráfico de drogas…) experimentaron descensos.
Por otra parte, en el número de delitos conocidos (1,01 millones en 2001, 90.000 más que el año anterior) influyen las facilidades para denunciar, la eficacia policial, los criterios de actuación de los cuerpos de seguridad… Por ejemplo, las denuncias de malos tratos en el ámbito familiar pasaron de 3.500 en 1997 a 7.100 en 2000. No es verosímil, dice Wagman, que los casos de malos tratos se hayan duplicado en solo tres años. Lo que ciertamente ha ocurrido es que entre ambas fechas se han llevado a cabo campañas en las que se anima a las mujeres a denunciar los malos tratos, y se ha formado a los agentes de policía en los procedimientos que se deben seguir en tales casos. Algo similar ha podido ocurrir con la delincuencia en general, pues desde hace dos años funciona un servicio de denuncias por teléfono y por Internet.
La otra cuestión es si los inmigrantes han causado un aumento de la delincuencia. Parecería que así es, si -como se ha dicho- la mitad de los delitos registrados en 2001 fueron obra de extranjeros. En realidad, dice Wagman, esa proporción sale de un dato mal interpretado. Según el Ministerio del Interior, el año pasado fueron detenidas por delitos y faltas 232.146 personas, y hubo 116.139 detenciones de extranjeros. Pero ambos números no son comparables. De los extranjeros detenidos, 65.400 lo fueron por delitos y faltas; los demás (44%), por estancia ilegal, que es solo infracción administrativa. Por tanto, entre los detenidos por delitos y faltas en 2001, los extranjeros fueron el 28%, no la mitad. Además, 5.000 extranjeros fueron detenidos por delito de falsedad documental en relación con el permiso de residencia, no por atentados a la propiedad o a las personas. Si se atiende solo a los robos con violencia o intimidación, los extranjeros son el 22% de los detenidos.
Wagman concluye que, si bien la tasa de delincuencia entre inmigrantes es mayor que entre nacionales, la diferencia no es tan grande como se dice, y además eso se da en todas partes. Una de las razones principales es que en la población inmigrante hay mayor proporción de hombres jóvenes, que entre las personas de todas las procedencias forman la categoría que más delinque.