La Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid (8-12 de abril), concluyó con la aprobación de la declaración política y el plan de acción. Los 160 países participantes suscribieron sin problemas la declaración de buenas intenciones de la Asamblea. Sin embargo, la ausencia de soluciones financieras para afrontar el futuro envejecimiento de la población mundial ha dejado insatisfechos a los países en desarrollo.
Según Felipe Paolillo, presidente de la Comisión Principal de la Asamblea, «la comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar a los países en desarrollo en algunos aspectos de asistencia social. Pero lo principal queda en el ámbito nacional. El dinero para la seguridad social, por ejemplo, tiene que venir de dentro del país».
Paolillo añadió que «la Comisión Principal nunca se planteó encontrar financiación para ejecutar el Plan. Habrá que esperar a que se cumplan los acuerdos de la reciente cumbre de Monterrey de elevar la ayuda oficial al desarrollo».
¿Qué aporta entonces el Plan? Según el ministro español Juan José Lucas, presidente de la Asamblea, y Felipe Paolillo, las naciones firmantes han establecido un compromiso moral -no vinculante- con los objetivos (ver servicio 47/02); ahora se tiene en cuenta la situación en los países en desarrollo, donde el envejecimiento creará muchos problemas; incorpora a los mayores en las estrategias de desarrollo económico; y, sobre todo, establece un consenso respecto de la jubilación flexible.
Este último objetivo es quizás el más sencillo de cumplir en los países desarrollados, ya que depende exclusivamente de una reforma legislativa, que permita a los trabajadores un tránsito más suave y flexible hacia la jubilación.
Algo más complicado será el sostenimiento futuro de las pensiones y la extensión de la cobertura de los seguros sociales en los países en desarrollo. Conviene recordar al respecto las conclusiones sobre seguridad social de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su reunión de junio de 2001. Cuando se trató la cuestión del envejecimiento, no se hablaba de la flexibilidad en la edad de jubilación como un logro del aumento de la esperanza de vida -como se ha hecho en la Asamblea-, sino como una solución para que las personas coticen más tiempo.
Según los cálculos de la OIT, en un país europeo medio en el que la jubilación real se produce a los 60 años, la tasa de dependencia era de 62 desempleados y jubilados por cada 100 asalariados. Si se mantuviera la situación actual, la tasa sería de 80 por 100 en 2030. En cambio, si la edad de jubilación subiera a los 67 años y aumentara el número de mujeres empleadas hasta los niveles que actualmente registra Suecia (los más altos de Europa), el índice de dependencia sería de 68 desempleados y jubilados por cada 100 asalariados en 2030.
En aquella reunión, la OIT dijo que el empleo era la clave del futuro de la seguridad social. Sin embargo, al tratar de las pensiones en la Asamblea de Madrid salieron otras fórmulas, como la capitalización del sistema de pensiones o soluciones mixtas, porque el sistema de reparto (las pensiones se pagan con las cotizaciones del momento) se ve afectado por el envejecimiento.
En los países en desarrollo las soluciones son más complicadas. Los sistemas de capitalización sufren con la inflación no controlada; es muy difícil recaudar las cotizaciones de los trabajadores de la economía informal; gran parte de la población es incapaz de aportar un porcentaje relativamente elevado de sus ingresos para financiar las prestaciones de la seguridad social y no desean hacerlo porque estas prestaciones no satisfacen sus necesidades prioritarias (para ellos, las pensiones no lo son: la vejez queda lejos y la jubilación es algo irreal); desconfían de la gestión de los sistemas de seguridad social, si es que saben en qué consiste; etc. Algunos expertos subrayan los beneficios que supondría la incorporación de esta población al sistema de seguridad social; pero los más realistas prefieren otras fórmulas a corto plazo, como los microseguros.
El informe Seguridad Social: un nuevo consenso fue el resultado de la reunión de la OIT y es de interés para conocer la situación de la seguridad social y las soluciones que están probando los países.