Hace algunos años se empezó a experimentar en Estados Unidos el cheque escolar, por el que el Estado atribuye a las familias una determinada cantidad para que lleven a sus hijos al colegio que prefieran. El movimiento ha cobrado fuerza: desde 1998, se ha implantado en ocho Estados y se proyecta hacerlo en varios más. La idea goza del favor de los políticos y de buena parte de los votantes (ver servicio 91/99): la ven como una forma de dar a las familias opción de salirse del sistema escolar público, que en muchos lugares es de mala calidad. Pero otros creen que viola la Primera Enmienda a la Constitución, que establece la separación entre Iglesia y Estado, si -como sucede en casi todos los casos- se permite gastar el cheque en colegios religiosos. Los oponentes acuden a los tribunales, y hasta ahora el resultado es confuso.
Los dos sistemas de cheque escolar más importantes, recurridos por el mismo motivo -la Primera Enmienda-, han recibido sentencias contrarias. El de Milwaukee fue confirmado el año pasado por el Tribunal Supremo del Estado, Wisconsin (ver servicio 95/98), mientras que el de Cleveland (ver servicios 124/96 y 181/97), en Ohio, ha sido suspendido por un juez de distrito a finales de agosto, hasta que el caso sea visto y sentenciado. Esta última decisión llegó la víspera del comienzo de curso. Ante los trastornos que había causado, tres días más tarde el juez hizo una concesión: podrían incorporarse a las aulas privadas los alumnos que ya disfrutaron del cheque el curso anterior, pero no los nuevos.
Los contrarios al cheque escolar por motivo de la separación entre Iglesia y Estado han tenido otras dos victorias este año. El Tribunal Supremo de Maine, en abril, y el de Vermont, en junio, confirmaron los sistemas vigentes en uno y otro Estado, que prohíben gastar el cheque en colegios confesionales. Sendos grupos de padres habían recurrido por considerarse objeto de discriminación religiosa.
Se espera que las disputas sobre el cheque escolar acabarán llegando al Tribunal Supremo de Estados Unidos, último árbitro en cuestiones constitucionales. El resultado no es fácil de prever. El pasado 12 de octubre, los jueces del Supremo rechazaron admitir a trámite un recurso contra la sentencia dictada en abril en Maine. Pero siete días antes habían hecho lo mismo con otro recurso en sentido opuesto, contra el plan de ayudas implantado en Arizona. Este sistema no es exactamente un cheque escolar, sino una deducción de 500 dólares en los impuestos de las familias que pagan por tener a sus hijos en escuelas privadas, religiosas en buena parte.
Como en esos dos casos los jueces del Supremo han rehusado examinar los recursos, sus decisiones no sientan precedente: habrá que esperar a que el Tribunal admita un litigio sobre el cheque escolar y entre al fondo del asunto. Si anteriores fallos en materia relacionada sirven de indicio, parece que el Tribunal Supremo puede aceptar el cheque escolar siempre que el «efecto principal» no sea favorecer la religión. Con esa base anuló en 1973 una exención fiscal, aprobada en Nueva York, para los gastos en enseñanza de las familias que llevaban a sus hijos a colegios privados. Y con el mismo argumento aprobó en 1983 una medida similar de Minnesota, porque allí las ventajas fiscales se aplicaban por igual a todas las familias, sin distinguir el tipo de centro -privado o público, religioso o no- que eligieran.