En Estados Unidos, cuatrocientas usuarias del anticonceptivo Norplant han presentado una demanda contra el fabricante, los laboratorios norteamericanos Wyeth-Ayerst, por haber sufrido efectos secundarios y complicaciones de los que no fueron advertidas en su momento. Norplant fue aprobado en Estados Unidos en 1990, aunque se venía usando desde varios años antes en países en desarrollo. Ya el año pasado un libro denunció que se habían producido problemas similares y se habían cometido diversos abusos en la promoción de Norplant en el Tercer Mundo (ver servicio 163/93).
Norplant consiste en unas cápsulas que, implantadas bajo la piel del brazo, proporcionan unas hormonas que impiden la concepción durante cinco años. Los fabricantes aseguran que la implantación y la extracción del anticonceptivo, mediante una pequeña intervención quirúrgica, es sencilla y que los efectos secundarios son mínimos.
Pero las mujeres que se han querellado contra Wyeth-Ayerst denuncian que la retirada de las cápsulas ha resultado muy dolorosa. Algunas tuvieron que someterse a una operación con anestesia general. Otras muchas se han encontrado con que la implantación y extracción de Norplant les ha dejado cicatrices permanentes.
Las demandantes declaran también que el anticonceptivo provoca efectos secundarios importantes en el 10% de los casos durante el primer año de uso, porcentaje superior al reconocido por el fabricante. Las consecuencias más comunes son menorragias, acné, dolores de cabeza y alteraciones del estado de ánimo, como es habitual en los anticonceptivos del mismo tipo, basados en esteroides.
Los laboratorios Wyeth-Ayerst niegan ese porcentaje de efectos secundarios y alegan que las complicaciones derivadas de la implantación y extracción son responsabilidad de quienes las realizan. El fabricante ha instruido hasta ahora a 28.000 médicos norteamericanos sobre el modo de hacer las operaciones, pero no es obligatorio haber seguido el cursillo para llevarlas a cabo.
Las querellantes piden indemnizaciones por daños -una media de 50.000 dólares por afectada- y que se exija a los médicos preparación específica para implantar el anticonceptivo.