Bogotá.- El presidente colombiano, César Gaviria, no se ha conformado con la reciente sentencia de la Corte Constitucional que legaliza la tenencia y consumo de droga en pequeñas dosis. Al contrario, va a presentar un proyecto de reforma de la Constitución de 1991, en la que el Tribunal ha basado su fallo. Dicho proyecto, tras la aprobación de las Cámaras, será sometido a referéndum. Mientras tanto, el gobierno ha decidido, de acuerdo con el sentir popular, prohibir el consumo de droga en lugares públicos.
La discutida sentencia de la Corte Constitucional, el máximo órgano jurídico del país, fue aprobada por cinco votos contra cuatro, y permite retener para el consumo hasta 20 gramos de marihuana, cinco de hachís y uno de cocaína. En la argumentación de la medida, que levantó una ola de reacciones negativas, los jueces favorables adujeron que «penalizar el porte o consumo personal de drogas es un acto que va en contra de los derechos de la intimidad, la autonomía y libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos», derechos consagrados como fundamentales en la Constitución de 1991. Por el contrario, los jueces que votaron en contra sostuvieron que «por encima de la autonomía individual está el interés general, el bien común y la paz social».
Inmediatamente después de conocerse la decisión, empezaron a llegar protestas de casi todos los sectores. «El gobierno acata, pero no comparte», dijo el presidente César Gaviria quien, pese a su formación liberal, sostiene que «la nueva determinación va a estimular y aumentar el número de drogadictos en el país, afectando seriamente a la tranquilidad de los colombianos, el desarrollo de la familia, el incremento de la delincuencia y la violencia. Por ello -agregó- no creo que la sociedad colombiana acepte considerar el consumo de estupefacientes y drogas de toda naturaleza como algo conveniente».
Los líderes de los principales partidos políticos se han declarado también contra la resolución. Los dos candidatos presidenciales favoritos para las elecciones del próximo 29 de mayo fueron los más enérgicos: el candidato liberal Ernesto Samper dijo que «se han abierto las puertas a la drogadicción, y esto afecta a las familias y a la juventud colombiana»; por su parte, Andrés Pastrana, representante del movimiento independiente Fuerza Democrática, propuso convocar un plebiscito que permita a los ciudadanos decidir sobre la despenalización del consumo de droga. En una carta dirigida al jefe del Estado, representantes de los principales gremios económicos colombianos aseguran estar «atónitos con la decisión, por ser altamente nociva para la salud y la seguridad de la población, para la estabilidad de nuestras relaciones en el interior del país y con la comunidad internacional».
Finalmente, la Iglesia católica en Colombia consideró la decisión como «totalmente absurda». «Es inadmisible que en un orden justo, que debe salvaguardar el bien común, se admita el consumo de drogas que producen dependencia como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad», dijo Mons. Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal. Mons. Rubiano remarcó la necesidad de realizar una consulta popular para tomar una decisión justa: «Se hace necesario tomar con urgencia las medidas necesarias, recurriendo incluso a la consulta del pueblo colombiano, en quien reside la soberanía y condena casi unánimemente el consumo de drogas».
La enérgica y masiva reacción popular en contra del fallo de la Corte Constitucional era previsible. Colombia no es sólo el primer país productor de clorohidrato de cocaína, sino que tiene en la actualidad más de 600.000 drogadictos y, en 1993, más de 5.000 familias lloraron la desaparición de un ser querido como consecuencia directa de la violencia asociada al narcotráfico.
Maye Agama