A partir de este año los colegios privados no concertados españoles tendrán que pagar mucho más al Fisco a consecuencia de dos impuestos municipales de los que hasta ahora estaban exentos: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Las organizaciones de la enseñanza privada han protestado contra estas medidas, que ponen en peligro la supervivencia de los centros.
Los presupuestos del 94 acaban con los beneficios de que gozaban los centros docentes privados en el pago del IBI. Sólo estarán exentos de este impuesto los centros acogidos al régimen de conciertos educativos, donde la enseñanza obligatoria es subvencionada con fondos públicos, incluidos aquellos que sólo tienen alguna unidad subvencionada.
En cuanto al IAE (antes Contribución Territorial Urbana), hasta ahora tenían exención total, entre otras instituciones, los colegios u otros centros dependientes de la jerarquía eclesiástica que fuesen benéfico-docentes. Los demás centros educativos tenían una bonificación del 95%. Los centros docentes públicos siempre han estado exentos en su totalidad de ambos impuestos.
Los nuevos impuestos afectan tanto a la enseñanza reglada como a la no reglada (academias, guarderías, etc.). Muchos propietarios y alguna Asociación, como la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), adoptaron ya la decisión de no pagar el IBI de 1993 ni el IAE, que comienza a cobrarse este año; unos por no poder afrontar el gasto y otros por desacuerdo con la medida.
La patronal de la enseñanza privada se ha quejado de que la legislación fiscal trata de la misma manera a los centros docentes que, por ejemplo, a los hipermercados, cuyos márgenes de beneficios son muy elevados. Según sus cálculos, un colegio medio de unos 300 alumnos, que antes no pagaba al Fisco más de 100.000 pesetas al año, ahora tendrá que desembolsar más de cuatro millones.