La decisión judicial de devolver la catedral a la Iglesia desencadena una campaña anticatólica
Viena. La devolución de los bienes eclesiásticos expropiados por el gobierno comunista en la República Checa se está convirtiendo poco a poco en una verdadera cuestión de Estado. Mientras en Eslovaquia se ha consumado ya hace más de un año la devolución de estos bienes, en Praga el gobierno del liberal Vaclav Klaus no ha propuesto ninguna legislación ni parece tener la menor intención de hacerlo.
Por eso la Iglesia católica se ha visto obligada a recurrir a los tribunales para reclamar los bienes expropiados. Así ha ocurrido en el caso de la Catedral de San Vito en Praga, «socializada» por los comunistas en 1954. El tribunal de primera instancia decidió el pasado 19 de diciembre devolver este templo a los canónigos de la catedral.
Pero gran parte de la prensa presentó esta decisión como «un robo cultural al pueblo checo» y «una expropiación forzada desde Roma». 107 parlamentarios firmaron una declaración contra la devolución. El clamor popular hizo incluso que la Oficina del Presidente recurriera la sentencia el 9 de febrero, a pesar de que Vaclav Havel era partidario en principio de la devolución y de un mayor entendimiento con la Iglesia católica. El tribunal de segunda instancia deberá decidir sobre el caso. La asociación nacional de jueces ha protestado por la interferencia de los parlamentarios en los procesos judiciales.
Havel empezó por diferenciar el «propietario físico» de la catedral, que sería la Iglesia, del «propietario psicológico», el pueblo checo. Esta argumentación no hizo disminuir las críticas, por lo que llegó a declarar que «la catedral es una parte de la red de catedrales góticas europeas, que no pueden pertenecer sólo a la Iglesia o a un pueblo, a una nación o Estado, sino que son propiedad de toda la humanidad». También advirtió que no se podía utilizar la decisión del tribunal como una excusa para organizar una campaña contra la Iglesia católica.
En el fondo de la cuestión se ve una clara tendencia anticatólica de buena parte de los medios de comunicación y del pueblo checo. La tradición husita y protestante va de la mano con la tendencia liberal para considerar la devolución de los bienes eclesiásticos como algo «desfasado».
El Cardenal Vlk, arzobispo de Praga, declaraba al diario italiano L’Informazione que la catedral pertenece a la Iglesia, lo cual no excluye la colaboración con el Estado en su gestión. «Por el contrario, nos gustaría que una ley o acuerdo asegurase la presencia del Estado en el templo». Mons. Vlk ve en la campaña contra la Iglesia católica una mezcla de ateísmo, anticlericalismo y nacionalismo.
De no consumarse la devolución, se produciría una vez más una injusticia flagrante contra la Iglesia. En la República Checa ya se han devuelto todos los bienes incautados en 1948 por los comunistas a particulares. Junto con la Iglesia, hay otro colectivo de personas que no han recibido ninguno de sus bienes: los checos de origen alemán.
El pasado 8 de marzo, el Tribunal Constitucional checo, con sede en Brno, ratificó la legitimidad de los decretos dictados en 1945 por el entonces presidente Edvard Benes, que expropió de sus bienes a los ciudadanos de origen germánico. Debido a la consideración de «colaboracionistas» con Hitler, los 2,5 millones de ciudadanos de origen germánico nunca pudieron recuperar las propiedades incautadas.
A este respecto, el presidente Vaclav Havel ha reconocido públicamente que el pueblo checo compartía la responsabilidad por el decreto de Benes. Sin embargo, en un discurso reciente dijo: «No estamos dispuestos a que nuevas tormentas hagan estragos en el campo del derecho de propiedad y, por tanto, a abrir la puerta a todos los malos espíritus del pasado».
José María López-Barajas