Desde que, en 1976, el Tribunal Supremo norteamericano reconoció que la pena de muerte no era contraria a la Constitución, 38 de los 50 Estados la han restaurado o instaurado. El último de la lista ha sido Nueva York. Sin embargo, a pesar de la extendida vigencia de la pena capital, en EE.UU la tasa de criminalidad aumenta desde 1986. Los propios policías norteamericanos -en su mayoría partidarios del castigo capital- reconocen en una encuesta reciente que hay otros medios mucho más eficaces para combatir el crimen.
El 7 de marzo, el gobernador republicano de Nueva York, George Pataki, cumplió una de las promesas de su última campaña: firmar la ley -aprobada antes en las dos Cámaras estatales- que permite ejecutar con una inyección letal a criminales por trece tipos de delitos graves, normalmente asesinatos, pero también violaciones y secuestros.
Respecto a la situación de otros Estados, la ley de Nueva York es bastante «restrictiva»: no se podrá condenar a los menores de 18 años, a las embarazadas y a los retrasados mentales; y, en cualquier caso, requerirá la unanimidad del jurado. Actualmente, en 26 Estados se puede condenar a muerte a retrasados mentales. Además, en nueve no se especifica una edad mínima para poder ser condenado; en Arkansas, basta tener 14 años; en Luisiana y Virginia, 15; y en otros ocho Estados, haber cumplido los 16.
La ley neoyorkina entrará en vigor en septiembre. Pero es probable que no haya ejecuciones hasta dentro de unos años. En general, son muchos más los sentenciados a pena de muerte que los que efectivamente la sufren. Desde 1976 en todo el país se ha ejecutado a 266 personas. Tejas es el Estado con más ejecuciones (92); por el contrario, en siete Estados se ha ejecutado sólo a una o dos personas, y en trece, a ninguna. Las estadísticas del Centro de Información sobre la Pena de Muerte muestran que el tiempo medio transcurrido entre la sentencia y la ejecución del convicto es de casi ocho años, como consecuencia de apelaciones interpuestas. De hecho, aproximadamente la mitad de los recursos ante los tribunales federales terminan en la revocación de la sentencia.
Sobre la eficacia real de la pena de muerte resulta significativa la opinión de la policía norteamericana. Una encuesta del Centro de Información sobre la Pena de Muerte -realizada entre 363 policías escogidos aleatoriamente en todo el país- indica que la gran mayoría está «personalmente a favor». Pero también revela que, para reducir la criminalidad proponen, por este orden, reducir el consumo de drogas, fomentar la creación de empleo, simplificar los procesos penales, alargar las condenas a prisión, aumentar el número de agentes en las calles, controlar el uso de armas y, por último, las ejecuciones.