Una semana antes de morir, el cardenal Joseph Bernardin, arzobispo de Chicago, dirigió una carta al Tribunal Supremo estadounidense para pedir que se oponga a los intentos de establecer un derecho constitucional al suicidio con cooperación médica. También la Asociación Médica Americana (AMA) y veinte Estados enviaron al Tribunal declaraciones semejantes.
El motivo de estas iniciativas es un proceso judicial en que se decidirá si de la Constitución se deriva o no un derecho de los enfermos terminales a la eutanasia. La cuestión empezó este año, cuando dos tribunales federales anularon sendas leyes contra la cooperación al suicidio aprobadas en los Estados de Nueva York y Washington. Ambos fallos consideraron que las leyes eran inconstitucionales por limitar la libertad de los pacientes. Los Estados acudieron después al Tribunal Supremo, que a principios de octubre aceptó estudiar los casos. La decisión se espera para mediados del año próximo.
Tras la admisión a trámite, las personas e instituciones interesadas pueden dirigir al Supremo sus opiniones en un sentido o en otro. Así lo ha hecho, en contra de la eutanasia, además de las entidades citadas, la Asociación Sanitaria Católica (organismo que agrupa a los hospitales de la Iglesia), que adjuntó a su petición la carta del cardenal.
«Crear un ‘derecho’ al suicidio asistido sería poner en peligro a la sociedad y difundir la idea falsa de que una vida que no sea ‘perfecta’ no merece la pena ser vivida», escribió el Card. Bernardin, que falleció el 14 de noviembre a consecuencia de un cáncer de páncreas. En la carta, fechada el 7 de noviembre, decía también: «Es mucho lo que he meditado en estos últimos meses de mi enfermedad; pero al acercarse la muerte, he aprendido de manera especial a apreciar el don de la vida».
Por su parte, la AMA ha urgido al Tribunal que dictamine a favor de las leyes anuladas para proteger la deontología médica. Si alguien quiere suicidarse, no debe pedir a un médico que coopere, dijo un portavoz de la AMA, resumiendo la postura de la organización. «Creemos que eso no es ético: nuestra misión es curar».
Los Estados que se han dirigido al Supremo insisten en que, si se admitiera la cooperación al suicidio, no quedaría base legal para impedir conductas aún más graves. El siguiente paso llevaría a la eutanasia para los que no son enfermos terminales y, luego, habría que legalizarla para las personas incapaces de prestar consentimiento.