El movimiento gay norteamericano ha recibido dos jarros de agua fría en la misma semana por parte del Senado. Primero se aprobó, por 85 votos contra 14, no reconocer como matrimonios, ante la ley federal, más que a las uniones de un hombre y una mujer, y permitir a los Estados no dar valor legal en sus territorios a los «matrimonios» homosexuales que eventualmente se celebren en otras jurisdicciones. Como esta Ley de Defensa del Matrimonio ya fue aprobada en julio por la Cámara de Representantes (ver servicio 109/96), sólo falta la firma del presidente, que ha anunciado que no la vetará. En segundo lugar, los senadores rechazaron, por un solo voto de diferencia, un proyecto que habría prohibido expresamente la discriminación en los puestos de trabajo por razón de la «orientación sexual».
La propuesta rechazada era obra del demócrata Edward Kennedy, que ya en 1994 había intentado, sin éxito, que se aprobara. El texto prohibía tener en cuenta la condición homosexual de los trabajadores al contratarlos, despedirlos o determinar el salario. Quedaban exceptuadas las empresas más pequeñas, las fuerzas armadas y las entidades religiosas.
Después de la votación, el jefe de la minoría demócrata del Senado descartó volver a la carga pronto, pese a la mínima diferencia de votos, porque el proyecto no tiene posibilidades de salir adelante en la otra cámara.
Muchos ven con recelo la campaña de los homosexuales para obtener reconocimiento legal expreso de sus derechos comunes o de otros específicos. No consideran necesarias tales medidas y temen que con ellas se dé a los gays un trato de favor o poderes desproporcionados. Hasta ahora, el movimiento ha conseguido que nueve Estados y más de cien municipios promulguen disposiciones explícitas de protección a los homosexuales. Por eso, en Colorado se aprobó por referéndum en 1992 una enmienda a la Constitución del Estado por la que se prohibían los edictos de ese tipo (ver servicio 149/92). Pero el Tribunal Supremo anuló la enmienda en mayo pasado, porque -dijo- una ley que protege contra la discriminación no es una concesión de derechos específicos.