São Paulo. La muerte de 19 campesinos en Eldorado de Carajás, Estado de Pará (nordeste del Brasil), en conflicto armado con la policía militar, puso en primer plano un problema real y urgente en Brasil: las condiciones de vida de los agricultores y la necesidad de acelerar la reforma agraria. Una de las promesas del presidente Fernando Henrique Cardoso al asumir el gobierno, fue ocuparse prioritariamente de la cuestión social, también en el campo. Prometió que a lo largo de su mandato, que termina en 1999, asentaría en pequeñas propiedades a 280.000 familias. Hasta ahora, después de más de un año, el gobierno tan sólo ha asentado a 7.000 familias.
El perfil ocupacional del Brasil se alteró profundamente en las últimas décadas. En 1940 el 70% de la población residía en el campo y el 30% en ciudades. Los últimos datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), referentes a 1993, muestran que esa relación se invirtió. Hoy solamente el 22% de la población reside en áreas rurales.
La disparidad de condiciones de vida entre zonas rurales y urbanas es notable. El Informe sobre el Desarrollo Humano de 1995, publicado por la ONU, con datos proporcionados por Brasil, muestra que mientras el 95% de la población urbana tiene acceso al agua potable, en el campo ese porcentaje es del 65%. El saneamiento básico alcanza al 85% de los domicilios urbanos, pero tan sólo al 32% de los rurales. Del total de la población en situación de pobreza, el 66% vive en zonas rurales. Los últimos datos del IBGE también señalan que el analfabetismo es muy superior en el campo que en las ciudades.
En Brasil hay tierra suficiente para todos. Tan sólo un séptimo de la tierra cultivable está siendo aprovechada, lo que corresponde a 52 millones de hectáreas. La propiedad, sin embargo está altamente concentrada: el 1% de los mayores propietarios rurales tienen el 44% de las tierras. El origen histórico de los grandes latifundios es el sistema que durante siglos aplicó la monarquía portuguesa, que entregaba amplísimas tierras, las «sesmarias», a los que disponían de capital suficiente para producir excedentes exportables.
La Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), que se encontraba reunida en Asamblea General durante los violentos acontecimientos, condenó la muerte de los agricultores. En el documento final sobre la paz social, divulgado por la Conferencia el 24 de abril, declara: «Las recientes matanzas en Corumbiara y Eldorado de Carajás, que despiertan indignación y angustia en todas las personas que dan valor a la vida y a la dignidad del ser humano, fortalecen nuestra determinación de presentar algunas exigencias cristianas para la paz social». El documento critica la concentración de la tierra y enfatiza la necesidad de la reforma agraria.
El presidente de la CNBB, el cardenal primado Mons. Lucas Moreira, declaró tras la Asamblea que la CNBB no apoya las invasiones de tierra, como las promovidas por el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra), amparadas en la lentitud y ambigüedad gubernamentales.
En el MST, creado hace doce años, se encuentran antiguos comunistas, católicos radicales y miembros del Partido de los Trabajadores. Por razones de seguridad, sólo algunos miembros de su dirección nacional son conocidos. Como sindicato, su único objetivo es la reforma agraria, y hace y deshace acuerdos sólo en función de la división de tierras. Sus manuales están repletos de textos revolucionarios de América Central, sobre todo sandinistas. Desde su fundación dice haber asentado a 139.000 familias.
El gobierno está tomando las primeras medidas para acelerar la reforma agraria. El presidente -que también calificó la matanza de injustificable y a la policía de incompetente- acaba de crear un nuevo ministerio con la única función de ocuparse de la reforma agraria. Fernando Henrique Cardoso ha nombrado titular del nuevo ministerio a Raul Jungmann, economista de conocido pasado marxista. Reunido con Raul Jungmann y sus asesores, el presidente adoptó una serie de decisiones, entre las que se encuentra la descentralización de la reforma, para poder contar con el apoyo de los Estados y municipios, así como la adquisición de nuevas tierras. Las reformas serán presentadas al Congreso como Medida Provisional, para acelerar su cumplimiento.
Al asumir el cargo, el 30 de abril, Raul Jungmann renovó la promesa gubernamental de asentar a 280.000 familias. Pocos días antes, al conocer su nombramiento, declaró: «No puede haber lugar para latifundios improductivos, ni gente sin tierra». Restan tres años para poner en práctica tan loables determinaciones.
José María Rodríguez Ramos