Ashiya. Acaba de cumplirse un año desde que entró en vigor la ley de trasplantes de órganos humanos en Japón. En ese periodo, el Ministerio de Bienestar y Salud Pública ha distribuido más de 20 millones de «tarjetas de donante»; pero no se ha producido todavía ningún trasplante.
La aprobación de esa ley fue precedida de una larga historia, que comenzó en 1968 con el primer y único trasplante realizado en Japón (ver servicio 67/97). Casi treinta años más tarde -después de un largo y difícil debate-, por fin el Parlamento aprobó una ley que permite trasplantes de órganos, pero no quiso pronunciarse acerca del momento exacto de la muerte. La ley no da una definición uniforme de «muerte cerebral» como muerte del ser humano. Estipula, en cambio, que la muerte del cerebro se puede considerar como fin de la vida sólo si el paciente ha dado consentimiento previo a la donación de sus órganos. La ley prohíbe, además, la extracción de órganos sin ese consentimiento previo -que debe ser por escrito- y sin la aprobación de los familiares del paciente. Por este motivo se introdujeron las «tarjetas de donante», donde uno puede dejar constancia de su voluntad.
Según Yoshio Aranami, director ejecutivo de la sucursal japonesa de la Organización Internacional de Receptores de Trasplantes, «el gran número de tarjetas impresas no sirve para nada si no llegan a la gente». El Ministerio ha dado más facilidades para obtener dichas tarjetas. Ahora, además de en las oficinas municipales, se pueden conseguir también en las estafetas de correos, en los centros para la renovación del carnet de conducir y en cerca de tres mil farmacias en todo el país.
Hasta el momento han muerto 32 personas que poseían esas tarjetas indicando su deseo de ser donantes. De los tres casos que fueron diagnosticados con muerte cerebral, ninguno resultó en trasplante: uno porque su muerte cerebral no fue diagnosticada en un centro médico autorizado al efecto; otro porque contrajo una infección; y el tercero fue excluido por oposición familiar.
Hay un total de 343 instituciones médicas en todo el país que están autorizadas para diagnosticar la muerte cerebral. Para asegurar la objetividad de ese diagnóstico se requiere que al menos dos médicos que no tengan parte en operaciones de trasplante lo lleven a cabo y certifiquen el resultado. No pueden extirparse órganos sin esta documentación. La ley limita también la edad de los donantes, que deben tener más de 15 años, y prohíbe expresamente trasplantar órganos a menores de 6 años.
Los partidarios de los trasplantes piensan que, aparte de educar al público y despertar su conciencia, se necesita lograr una legislación más liberal, similar a las adoptadas en otros países. Según Seiichi Kaneta, miembro de la Cámara baja y uno de los principales opositores a la liberalización de los trasplantes, «las vidas de los que sufren muerte cerebral son tan preciosas como las de los que necesitan un trasplante. Es muy importante, por lo tanto, conservar en la ley la cláusula de autodeterminación del paciente».
El parlamentario Seiichi Kaneta, que ejerció una poderosa influencia en la redacción definitiva de la ley, sostiene además que «la ley sola no puede suplantar la falta de aceptación social de los trasplantes. Es necesario ante todo establecer una relación de confianza entre pacientes y médicos. Para eso hace falta que los médicos informen a los pacientes con más transparencia y adopten el principio del consentimiento informado por parte del enfermo».
Antonio Mélich