Contrapunto
Álvaro Marchesi, secretario de Estado del Ministerio de Educación español, ha anunciado que, ante el descenso demográfico, será inevitable reducir los conciertos educativos con los colegios privados. Sin embargo, el menor número de alumnos no parece frenar la fiebre constructora del Ministerio. Marchesi explicó que la creación de centros públicos en zonas donde las necesidades educativas ya están cubiertas por la iniciativa privada no responde a un intento de «estatalizar la enseñanza a toda costa», como argumentan los titulares de estos colegios. El Ministerio, dijo, tiene la obligación de atender en todas partes la demanda de una enseñanza pública, «más pluralista que la que ofrecen los centros privados, cuyo ideario no tiene por qué ser compartido por todos los padres».
El argumento es una aplicación clásica de la ley del embudo. Si en un sitio sobran plazas para el número de alumnos que hay que atender, se deja de subvencionar a los colegios privados porque ya no son necesarios. Pero aunque en una zona la oferta educativa esté suficientemente cubierta por la iniciativa privada, hay que crear al lado más centros estatales. De este modo, después podrá decirse que sobran plazas y que ya no procede subvencionar a los centros privados.
En cualquier otro campo, se considera que el pluralismo es respetado cuando los clientes pueden elegir entre distintas posibilidades. En cambio, en la educación, el gobierno socialista sigue pensando que no hay más pluralismo que el de la enseñanza estatal. Pero esta idea tampoco es compartida por todos los padres. Lo que piden las familias es una enseñanza de calidad, que responda a las convicciones que desean transmitir a sus hijos y por la que no tengan que pagar otra vez después de sufragarla con sus impuestos. Buscar esto en un centro público o privado es una decisión libre de las familias.
Reducir la posibilidad de elección, a base de asfixiar económicamente a los centros privados, es un ejercicio de sectarismo.
Ignacio Aréchaga