Una ley aprobada por la Asamblea Nacional francesa permitirá que los colegios privados que han suscrito un contrato de asociación con el Estado reciban ayudas de las administraciones locales para financiar sus inversiones. Este cambio satisface una vieja reivindicación de la enseñanza privada, que se consideraba discriminada en este punto respecto a la estatal.
Con esta ley se pretende renovar las disposiciones de la ley Falloux (de 1850), que limitaba al 10% de esas inversiones las ayudas con fondos públicos a la enseñanza de iniciativa privada.
Hasta ahora, los centros privados bajo contrato recibían ayuda estatal para los gastos de funcionamiento. El Estado cubre estos gastos con una suma por alumno correspondiente al coste de un puesto en la enseñanza estatal. Ahora también los poderes locales (municipios, departamentos y regiones) serán libres para apoyar las inversiones de las escuelas, colegios o liceos privados, respectivamente, donde estudian 2 millones de niños franceses, un 17% del total de alumnos. Pero la ayuda de estos organismos no debe exceder un montante proporcional -según el número de alumnos- al de las inversiones que dedican a la enseñanza pública. El texto faculta a las administraciones locales a financiar esas inversiones escolares privadas, pero no impone la obligación de hacerlo.
Uno de los objetivos de la nueva ley es permitir a los gobiernos territoriales su participación en los gastos inmobiliarios de las escuelas. Se verifica así un giro radical respecto de la política educativa socialista. Así, en 1991, la escuela estatal recibía para inversiones 24.000 millones de francos de estas entidades, y la enseñanza privada apenas se beneficiaba.
El áspero debate parlamentario de la ley ha vuelto a hacer relucir la oposición de socialistas y comunistas, que interpretan el proyecto como un golpe a la enseñanza pública. El ministro de Educación tuvo que recurrir a la Constitución, pidiendo que la Asamblea se pronunciara con una sola votación sobre el total del proyecto para salvar la discusión de las 2.500 enmiendas que habían sido presentadas.
La liberalización de la financiación pública a la escuela privada no se traducirá necesariamente en una avalancha de nuevos centros privados. Un decreto de 1960 -que podría ser revisado- impone que han de pasar cinco años desde la creación de un centro antes de que pueda suscribir un contrato de asociación con el Estado.
La enzarzada discusión de la ley ha retrasado su aprobación definitiva hasta el otoño, cuando el Senado pueda votar y ratificar el sí mayoritario de la Asamblea Nacional. El gobierno dispone también de una holgada mayoría en el Senado. Aunque Mitterrand aceptó la propuesta de Balladour de convocar este mes una sesión extraordinaria de las Cámaras para discutir numerosas iniciativas legislativas pendientes, no quiso incluir en la agenda la ratificación de esta ley por el Senado.