Colonia.- El Parlamento alemán tendrá que reelaborar la legislación sobre el aborto, que había aprobado hace casi un año. Así lo impone la sentencia publicada el 28 de mayo por el Tribunal Constitucional, que rechaza algunos puntos concretos de la ley que permitía el aborto en los tres primeros meses tras una consulta médica.
Ni los partidarios de la ley ni los demandantes -249 diputados democristianos y el gobierno bávaro- alcanzaron plenamente sus objetivos. El alto tribunal, compuesto de ocho miembros y con sede en Kalsruhe, dictó sentencia por una mayoría de 6 a 2. En ella no se cuestiona de forma absoluta la ley, pero sí algunos puntos concretos. En general, el tribunal admite que la práctica del aborto bajo ciertas condiciones no sea penalizada, pero precisa que el aborto indiscriminado en las primeras doce semanas no puede ser reconocido como «ajustado a derecho» y, por tanto, legal.
Esto implica que los abortos practicados según el sistema de plazos no podrán ser financiados por la Seguridad Social. El argumento aducido es que la Seguridad Social no puede fomentar acciones ilegales, aunque no estén penalizadas. La sanidad pública podrá financiar el aborto sólo cuando sea por motivos terapéuticos, eugenésicos y cuando el embarazo sea consecuencia de una violación. Según los jueces constitucionales, un aborto sólo puede ser plenamente legal cuando «a la mujer, por el hecho de dar a luz al niño, se le cree una situación tan difícil y extraordinaria, que sobrepase el límite de lo exigible».
El tribunal se refirió también a la forma en que se debe llevar a cabo la consulta obligatoria previa al aborto, exigiendo mejoras importantes. En adelante no será posible hacer la consulta y abortar en el mismo establecimiento. Los centros de consulta deberán archivar, guardando el debido anonimato, el contenido de la conversación pre-aborto y entregar anualmente un informe sobre sus actividades. Además, estarán obligados a colaborar con los centros de ayuda a mujeres embarazadas. La consulta tendrá «el claro objetivo de proteger la vida del no nacido».
No obstante, el Constitucional concedió que el legislador no está obligado a proteger la vida durante los tres primeros meses del embarazo mediante el Derecho Penal. De facto y de iure se deja a la mujer el pleno poder de decidir sobre si quiere o no dar a luz al niño, con la sola condición de ir a la consulta previa y de pagar personalmente los costos del aborto (entre 400 y 1.200 marcos alemanes, es decir, de 30.000 a 90.000 pesetas).
La decisión del Tribunal Constitucional tiene 183 páginas, en las cuales aparentemente podrían descubrirse algunas contradicciones, pero que todavía no han sido analizadas completamente por los expertos. La sentencia establece algunos principios fundamentales sobre la defensa de la vida: «La Constitución obliga al Estado a proteger la vida humana, también la de los no nacidos. (…) El derecho a la vida no empieza a partir de la aceptación de la madre. (…) El no nacido goza de protección legal incluso contra su propia madre». A pesar de esto, los jueces ven un posible conflicto entre estos derechos del niño y los de la madre, «sobre todo su derecho tanto a la integridad corporal como a la realización de su personalidad».
Entre los partidarios del sistema de plazos, algunos han catalogado como un «hito» el reconocimiento de la libre decisión por parte de la mujer. Otros, en cambio, hablan de «catástrofe», dado que se hace más rigurosa la consulta previa y se prohíbe la financiación a través de la Seguridad Social.
El grupo democristiano, que considera «un avance» la decisión del Tribunal, ha declarado tener ya un texto preparado para alcanzar el consenso. En cualquier caso no se prevé una solución rápida. Se puede dar por seguro, eso sí, que no irá más allá de la doctrina del Tribunal Constitucional, con lo cual se puede presumir que se impondrá, con limitaciones, el sistema de plazos.
La nueva ley se elaboró para homogeneizar la legislación en las dos partes de Alemania. En el Oeste, donde estaba vigente el sistema de indicaciones, en 1991 se registraron 74.000 abortos legales, el 88% de ellos por «necesidad social». En el Este, donde el aborto era libre y gratuito en el primer trimestre, se contabilizaron 50.000 en el mismo año.
Stefan Rehder