El Tribunal de Derechos Humanos de Quebec ha reconocido el derecho a la objeción de conciencia de una empleada católica que se negó a trabajar en domingo. Mrs. Smart, contratada como dependiente con dedicación parcial en los establecimientos comerciales Eaton’s, sufrió por este motivo la suspensión temporal del empleo y la pérdida de su anterior categoría laboral, que pasó a ser la de una trabajadora ocasional. El Tribunal dictaminó que la empresa había incurrido en discriminación injusta y le ordenó indemnizar a la empleada con 3.900 dólares por daños, así como restituirla en su status laboral previo.
El abogado de Mrs. Smart afirmó, en declaraciones a la prensa, que esta decisión judicial reafirma el derecho de la persona a seguir su conciencia. El letrado demostró ante el tribunal la sinceridad de las convicciones religiosas de su defendida, por las que está obligada a abstenerse de trabajar en domingo -salvo si se trata de servicios imprescindibles- y dedicar ese día al culto, a la familia y al descanso.
Los jueces no admitieron la argumentación de la empresa, que sostenía que los católicos no están obligados a no hacer trabajos no esenciales en domingo. El tribunal apreció discriminación, por parte de la empresa, en comparación con los empleados de otras confesiones minoritarias -como judíos o adventistas-, a los que siempre ha concedido exenciones como la solicitada por Mrs. Smart. «Esta sentencia significa -señala el abogado- que no importa si una religión es mayoritaria o no; lo que realmente cuenta es si la creencia es sincera y si la exención es razonable». En cuanto a la última cuestión, Eaton’s alegó que, si se admitía la reclamación de Mrs. Smart, se produciría una «avalancha» de empleados con la misma pretensión. Pero los jueces han considerado razonable la petición de la empleada.
Según el abogado, esta sentencia reviste particular importancia ante la posibilidad de que el gobierno de la provincia revoque la ley vigente que permite a los trabajadores rehusar el trabajo dominical bajo ciertas condiciones. Refiriéndose a las «evidentes presiones económicas» para anular esas disposiciones, el letrado señala que «hay que poner un límite a las fuerzas del mercado en cuanto afectan a los derechos individuales».