Una comisión de economistas independientes, nombrada por el gobierno de Suecia para buscar salidas a la crisis económica, ha recomendado una serie de reformas que supondrían el abandono del llamado «modelo sueco» creado durante sesenta años de socialdemocracia. Las medidas propuestas van al fondo de los problemas y suponen reducir el papel del Estado en la economía, disminuir el poder de los sindicatos, recortar los subsidios sociales, además de algunas reformas políticas sobre el funcionamiento del gobierno y del parlamento.
La comisión, presidida por el profesor de economía Asar Lindbeck, sostiene que «la crisis es la más grave que ha atravesado Suecia desde los años 30» y que es consecuencia «de errores acumulados durante décadas que no se corregirán en algunos años». También pronostica que «lo peor está aún por venir, sobre todo en lo que concierne al paro». El diagnóstico básico del informe es que el sistema vigente hasta ahora ha sacrificado el interés general ante las presiones de distintos grupos sociales con intereses particulares.
El agotamiento del «modelo sueco» se revela en tres problemas agudos: el alto déficit de las finanzas públicas (13,9% del PIB), el creciente desempleo (actualmente un 6%) y las pérdidas de numerosos bancos. Entre las medidas propuestas para reducir el déficit público, está un sustancial recorte en las generosas prestaciones sociales: subsidios de desempleo y enfermedad, asignaciones familiares, pensiones, subvenciones a actividades culturales y deportivas… A fin de lograr una mayor flexibilidad laboral, se propone dejar más libertad a los empresarios para establecer diferencias de salarios según la capacidad de los trabajadores, sin necesidad de discutirlo con los sindicatos. Para combatir la inflación, los salarios no deberían aumentar más del 4% ó 5% anual. Los bancos que sólo pueden sobrevivir aplicando unas desorbitadas tasas de interés sobre los préstamos (del 16% al 20%), deberían ser puestos bajo control del Estado y desmantelados, tras vender sus sectores viables.
Paralelamente, la comisión sugiere diversas medidas sobre el funcionamiento del sistema político, que incluyen la reducción del número de diputados a la mitad (actualmente son 349), la supresión de los consejos regionales, el fortalecimiento del papel del Primer Ministro, la disminución del poder de los sindicatos, etc.
El diagnóstico de la comisión ha sido recibido por el gobierno de centro-derecha como un espaldarazo a la política que está impulsando desde su victoria en las elecciones de septiembre de 1991. En general, su diagnóstico ha sido bien acogido, salvo por los sindicatos. Pero a la hora de repartir los inevitables sacrificios es de esperar que se producirán fuertes polémicas.