São Paulo. En los últimos años Brasil ha visto crecer la criminalidad de forma alarmante. En 1998, según los datos del Ministerio de Justicia, se cometieron 25,84 homicidios por 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo. En 1979 hubo 11.194 asesinatos en Brasil; en 1998, 41.802. Los Estados de São Paulo y Río de Janeiro presentan el panorama más negro. Con un 30% de la población del país, concentran más de la mitad de los asesinatos (21.317 en 1998).
No existe explicación simple de la violencia en Brasil. Influyen factores económicos como la pobreza, el desempleo y el desigual reparto de las riquezas. La ausencia de valores y modelos positivos de vida en la televisión, carencias educativas y la desintegración familiar son otros motivos. Las drogas y el fácil acceso a las armas tienen también parte de culpa.
Además, gran parte de los delitos quedan impunes. Como dice el coronel José Vicente da Silva Filho, investigador del Instituto Fernand Braudel: «Reducir la impunidad es avanzar en la prevención. El delincuente en potencia es increíblemente racional y se intimida mucho más con la seguridad de la pena que con la gravedad de la misma».
Pero en Brasil, los criminales tienen poco que temer. En São Paulo solo se detiene a los autores del 2,5% de los delitos. En otros países, el índice es muy superior: 58% en Japón, 45% en Canadá, 35% en Inglaterra, 21% en Estados Unidos.
Descubierto el autor del delito, ha de ser juzgado y condenado. Mientras en Alemania hay un juez por 3.500 habitantes, en Brasil hay uno por 23.000. La falta de jueces y la lentitud del sistema judicial convierten a las comisarías en improvisadas cárceles en las que los delincuentes esperan el juicio que parece no llegar nunca.
Para reducir la impunidad, hace falta crear más prisiones (hay un déficit de casi 100.000 plazas), agilizar el sistema judicial, aumentar la eficiencia de las investigaciones criminales y reforzar la actuación preventiva de la policía. El pasado junio, el gobierno adoptó un Plan Nacional de Seguridad Pública, que incluye diversas medidas para combatir la violencia. Además, se suspendió temporalmente, hasta el 31 de diciembre, el registro de nuevas armas. Se estima que de este modo se ha evitado la comercialización de unas 20.000 armas de fuego.
A los 60 días del inicio del Plan, el Ministerio de Justicia hizo un balance de las acciones emprendidas. Se destinaron 180 millones de dólares para modernizar las distintas policías estatales y se firmó un acuerdo con Francia para mejorar la policía federal, con un coste de 425 millones de dólares.
En el terreno social, el gobierno destinó 2,7 millones de dólares más al programa de protección de testigos, que ahora ampara a 229 personas. También aprobó un suplemento de 54 millones de dólares para la construcción, ampliación y reforma de las cárceles y comisarías de todo el país. Se han enviado al Congreso Nacional proyectos de ley para crear dos mil nuevas plazas en la policía federal, reformar el Código Penal y regular la identificación de delincuentes.
Todas estas medidas son importantes pero insuficientes. Brasil es un país cordial de gente alegre y hospitalaria, pero si no se detiene la ola de violencia, se convertirá en un país amedrentado y desconfiado.
José María Rodríguez Ramos