México. Vicente Fox, ganador de las elecciones del 2 de julio, será el primer presidente mexicano en 70 años que no pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Entre los cambios que ha prometido figura la normalización de la cuestión religiosa, para acabar con la discriminación oficial contra la Iglesia, una de las peculiaridades del régimen priísta.
Tras la Revolución Mexicana de 1917, los artículos 24 y 130 de la Constitución no reconocían la libertad de culto ni personalidad jurídica a la Iglesia. Esos preceptos empezaron a aplicarse en 1926, lo que llevó al país a una cruenta guerra contra el gobierno denominada la Guerra Cristera. En mayo pasado, el Papa Juan Pablo II canonizó a 27 mártires de la persecución desatada en esa época.
Como consecuencia de la Guerra Cristera, se llegó a cierto statu quo: las leyes permanecieron inalteradas, pero no se aplicaron.
La situación cambióduranteel gobierno delpresidente Salinas (1988-94), con la reforma de esos artículos constitucionales y con la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que otorgó personalidad jurídica a la Iglesia y reconoció la libertad de culto.
Sin embargo, aunque esta legislación es mucho más tolerante que la anterior, todavía persisten algunas limitaciones a las Iglesias: entre otras, no se permite enseñar religión en las escuelas públicas, está prohibido que las Iglesias participen en la propiedad de emisoras de televisión y no se reconocen efectos civiles al matrimonio canónico.
El presidente electo, Vicente Fox, prometió durante su campaña un trato igualitario a las Iglesias, reconocer el derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos, así como la defensa del derecho a la vida. Esa parte del programa de Fox, expuesta en un documento de diez puntos, fue bien recibida por los representantes de las Iglesias. En cambio, parte de la prensa la consideró contraria a la separación entre la Iglesia y el Estado garantizada por la Constitución mexicana. También algunos miembros del partido oficial, el PRI, criticaron el documento, en este caso con fines electorales.
El futuro presidente tiene ante sí el reto de culminar el marco legal apropiado para una justa relación entre el Estado y las Iglesias, así como para garantizar los derechos humanos fundamentales en materia de libertad religiosa. Fox tendrá que enfrentarse a la corriente de opinión que pretende que la Iglesia se circunscriba al ámbito exclusivamente privado o a los templos, sin reconocer la dimensión social que conlleva. Además de instaurar el derecho a la instrucción religiosa en las escuelas públicas y de reconocer efectos jurídicos al matrimonio religioso, se espera que la nueva legislación dé mejor tratamiento fiscal a las asociaciones religiosas y, en general, haga una interpretación menos rígida de la separación entre la lglesia y el Estado.
Habrá que esperar para ver si los diez puntos asegurados por el presidente electo durante su campaña se plasman en la práctica. No será fácil, pues aún hay voces que pretenden que la Iglesia siga oficialmente excluida de la vida pública.
Xavier Ginebra Serrabou