El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó la semana pasada una sentencia que define una importante cuestión, hasta ahora disputada, sobre el copyright en Internet y demás soportes digitales. Los magistrados fallaron que los editores de periódicos no pueden reproducir originales de colaboradores en CD-ROM, Internet o bases de datos sin pedir permiso a los autores. La decisión afecta a tanto a artículos como a dibujos y fotografías de autores que no son empleados de los medios.
Según la sentencia, las reproducciones no expresamente autorizadas son una violación de la vigente ley de copyright, elaborada cuando el papel era prácticamente el único medio usado para distribuir y almacenar información. La mayoría del Supremo (7 jueces contra 2) ha optado por una interpretación amplia de la ley, sin tener en cuenta el argumento, alegado por los periódicos, de que el legislador no contempló la reproducción en soportes informáticos como un caso distinto. El fallo niega que los colaboradores, al autorizar que sus originales se publicasen en papel, consintieran implícitamente reproducciones en otros soportes no estipulados en los contratos. La sentencia no afecta a originales posteriores a mediados de la pasada década, pues después de que se iniciara la demanda los periódicos hacen firmar a los colaboradores contratos que autorizan expresamente las reproducciones digitales.
El caso definitivamente resuelto por el Supremo se remonta a 1993, cuando Jonathan Tasini, escritor freelance, demandó al New York Times para reclamar derechos por sus artículos reproducidos en una base de datos de pago a la que el Times y otros periódicos venden material procedente de sus ediciones impresas. En el itinerario judicial, otros colaboradores se sumaron a Tasini y la demanda se amplió al grupo Time y más medios.
Los periódicos han declarado que empezarán de inmediato a retirar de sus bases de datos los originales afectados por la sentencia. Esto supondrá, dijo el editor del New York Times, Arthur Sulzberger, «una pérdida para todos»: también para los autores, los investigadores y el público, ya que cientos de miles de artículos e imágenes quedarán difícilmente accesibles al desaparecer del registro histórico digital.
En la práctica, editores y autores llegarán a algún acuerdo económico para que los originales permanezcan en las bases de datos. Tasini quiere que con ese fin los periódicos negocien con el Sindicato Nacional de Escritores, que él preside. Su propuesta es que los pagos se hagan a través de una sociedad de gestión de derechos (clearinghouse) que el Sindicato estableció en 1993.
Sin embargo, los editores replican que el Sindicato, de unos 7.000 miembros, solo representa a una minoría de los escritores freelance. Por tanto, dicen, los autores interesados en que sus originales sigan en las bases de datos tendrán que acudir, uno por uno, a firmar nuevos contratos.
Aparte queda la cuestión de las indemnizaciones a los colaboradores por los derechos no satisfechos hasta el presente, asunto que habrán de resolver los tribunales inferiores.