Puestos a elegir dónde pasar sus últimos años de vida, a los españoles no les convence la idea de una residencia al uso. Un estudio realizado en 2015 por la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, reflejaba que el 54% de los mayores consideraba poco o nada probable terminar en uno de esos centros, al tiempo que miraban con mayor interés otras posibilidades. Quedarse en su propio hogar u optar por el cohousing eran las opciones más apreciadas, con casi el 90% y más del 50% de aceptación, respectivamente.
Permanecer en casa, en un ambiente de mayor privacidad, con las rutinas personales y rodeado de cosas que suponen un plus afectivo, sería el ideal. Pero para eso el anciano –y mayormente aquel que se encuentra en situación de dependencia– necesita ayuda. La Ley de Dependencia debería garantizarla, pero no lo hace. Según datos aportados por el presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez, 16.000 personas con derecho a esa prestación han fallecido en lo que va de año sin recibirla.
“El sistema peligra”, dijo Ramírez en el Congreso de los Diputados, a inicios de junio. Recordó que, desde 2012 hasta el momento, se han acumulado recortes por 5.864 millones de euros, con lo que se han perdido 13.000 plazas en residencias y 6.810 de ayuda a domicilio. Para el experto, la lista de espera se reduciría en un 80% si, de modo inmediato, el Estado pone sobre la mesa 1.500 millones de euros y crea 80.000 puestos de trabajo en el sector. También pide que se afine un mecanismo como el botón de teleasistencia, toda vez que “hay un millón de personas mayores que viven solas, y este botón vale 15 euros al mes”.
Apoyar al dependiente, aliviar al cuidador
Dinero, puestos de trabajo, plazas para personas dependientes… Son los tres ingredientes del sistema, y en España están fallando. Sucede también en otras economías avanzadas, pero en ellas no se “deja estar” sin más la situación.
En Francia, por ejemplo, tienen claro que hay que actuar: de 1,3 millones de personas dependientes en 2017, se pasará a 2,2 millones en 2050. Para paliar de alguna manera el consecuente gasto, el gobierno pretende vincular la dependencia directamente a la Seguridad Social, financiándola con una nueva cotización, y así lo configurará en el proyecto de ley de financiación de esa área para 2021.
En el futuro sistema de dependencia francés, los cuidadores podrán disfrutar de tres meses de permiso pagado para asistir a un familiar con discapacidad
Francia dispone de dos tipos de ayudas personalizadas: una, la que se otorga a las personas que viven en establecimientos especializados (el 40%), y otra para las que permanecen en casa (el 60%), para ayudarles a pagar tanto los gastos de mantenimiento del hogar como los relacionados con su pérdida de autonomía: un cuidador personal, alimentos, artículos de aseo, transporte, camas médicas, etc.
La nueva ley, al colocar la dependencia bajo el paraguas de la Seguridad Social, prevé aumentar el monto de las ayudas y, como efecto, incrementar el número de horas de asistencia a domicilio. Además, se introducen medidas de alivio a los cuidadores, que podrán disfrutar de tres meses de permiso pagado para asistir a un familiar con discapacidad, y de cierta cantidad para, en algunas ocasiones, delegar el cuidado en otra persona y así poder descansar.
“Cohousing”: privacidad en comunidad
Una experiencia aparte de la que ofrecen las residencias y la permanencia en casa es el mencionado cohousing: varios adultos mayores acuerdan vivir en comunidades creadas al efecto, cada uno en la privacidad de su apartamento, pero con zonas y actividades en común, y con servicios pagados por todos, si bien no cerrados al aporte estatal.
El modelo, todavía minoritario en España, exhibe algunas ventajas respecto a la residencia tradicional. Ernesto Cabello, presidente de la cooperativa de cohousing Convivir, en Horcajo de Santiago (Cuenca), habla a Aceprensa sobre el alto nivel de autonomía en un sitio así:
“No es un lugar donde te lo organizan todo, aunque esté muy bien atendido. Las decisiones se toman en conjunto, lo mismo el menú que la contratación de empresas. Se nos tiene más en cuenta que en una residencia, y además, en vez de habitaciones, tenemos apartamentos, que permiten hacer vida independiente, al tiempo que estar con todos. La diferencia fundamental es que, en un proyecto de cohousing, somos protagonistas de nuestro proceso de envejecimiento”.
Respecto a situaciones de dependencia, explica que el sistema está concebido para atender a personas que entran con todas sus facultades y comienzan posteriormente un deterioro físico y cognitivo. “Contemplamos todas las dependencias sobrevenidas. Tenemos a un residente con alzhéimer, a otro con un ictus y dificultades para moverse, a otros que necesitan andador…, pero desde el principio se previó que habría que atenderlas. Contamos así con varios gerocultores en cada turno, una enfermera y una directora que coordina al equipo de profesionales”.
El proyecto ha tenido oportunidad de probarse durante los momentos más duros de la pandemia, en los que tuvieron siete casos, algunos asintomáticos. Un solo residente requirió ingreso hospitalario.
“Desde el principio se tomaron las decisiones acertadas. En cuanto se aprobó el estado de alarma nos reunimos, vimos que en la sala de juegos de mesa se podían producir contagios, y se suspendió el acceso. Respecto al comedor, se redujo la afluencia: íbamos a recoger la comida en la cocina y comíamos en nuestros apartamentos. Solo quedaron yendo al comedor unas 20 personas, una por mesa. Y llevamos una vida normal, pero sin actividades grupales dentro del centro; paseábamos por el exterior, pero con mascarillas”.
¿Fue necesario medicalizar la comunidad? “No, no lo fue. Si hubiéramos sido más personas, con más pacientes graves, hubiéramos tenido que hacerlo. Pero funcionó la coordinación de la enfermera con el centro de salud. La decisión de ingresar a la persona que presentó problemas respiratorios se debe a este mecanismo. No nos podemos quejar”.