Las cuantiosas transferencias de dinero del Vaticano a Australia que tantas sospechas despertaron han resultado ser un error contable de las autoridades australianas. Tampoco se han encontrado pruebas de que se emplearan fondos de la Santa Sede para perjudicar al Card. George Pell en su juicio por abusos sexuales, de los que finalmente fue absuelto.
El pasado 22 de diciembre, la agencia australiana contra el blanqueo de dinero, AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre), comunicó a la Comisión de Justicia del Senado australiano que había detectado más de 40.000 transferencias al país procedentes del Vaticano entre 2014 y 2020. Todas ellas sumaban 2.300 millones de dólares australianos (1.465 millones de euros).
Una suma tan grande resultaba muy difícil de explicar. Los obispos australianos se manifestaron desconcertados por la revelación y pidieron a la Santa Sede que aclarara los motivos y los destinos de esos movimientos de fondos.
El AUSTRAC y su homóloga vaticana, la ASIF (Autoridad de Supervisión e Información Financiera), revisaron las operaciones, y la semana pasada dieron a conocer que en realidad, las transferencias de la Santa Sede a Australia en ese periodo fueron 362, por un valor total de 9,5 millones de dólares australianos (6 millones de euros), que se dedicaron, según un comunicado de la Santa Sede, “a algunas obligaciones contractuales y a la gestión ordinaria de los recursos propios”. El error de AUSTRAC se debió a que interpretó mal los códigos de las operaciones, de suerte que atribuyó al Vaticano miles de transferencias ordenadas desde Italia.
El AUSTRAC también cometió el mismo error en sentido inverso. Al principio dijo que se había transferido de Australia al Vaticano el equivalente de 75 millones de euros; en verdad fueron 17 millones.
Números inverosímiles
El asunto comenzó en octubre pasado, cuando la prensa italiana publicó que en 2017 y 2018 la Secretaría de Estado de la Santa Sede había enviado dinero a Australia para perjudicar la causa de Pell ante la Justicia. En aquel entonces, la acusación preparaba el pliego de cargos contra el cardenal, que en diciembre de 2018 fue condenado a prisión, donde estuvo hasta que el Tribunal Supremo vio su recurso y lo absolvió en abril de 2020.
En su día, tanto la policía de Victoria, donde tuvo lugar el juicio a Pell, como el organismo anticorrupción del estado, la IBAC (Independent Broad-based Anti-Corruption Commission), decidieron no examinar el supuesto empleo de fondos en contra del cardenal, por falta de indicios suficientes. Pero la policía federal australiana abrió una investigación, mientras el Senado, que se interesó por el asunto, pidió a AUSTRAC la información que finalmente se comprobó errónea. Ya antes de la revisión, los cálculos de AUSTRAC resultaban inverosímiles, pues suponían que la Santa Sede habría enviado desde 2014 una cuantía equivalente a cuatro veces su presupuesto anual; y solo en 2017, más de lo que ingresa en un año.
El error “daña la reputación internacional de AUSTRAC”, dijo al diario The Australian la senadora liberal Concetta Fierravanti-Wells.
De todas formas, la ASIF y la policía federal australiana siguen investigando las transferencias supuestamente relacionadas con el proceso al Card. Pell. Son cuatro, hechas a una empresa de Melbourne, y suman 1,27 millones de euros. Dos de ellas fueron ordenadas, según se ha dicho, por el excardenal Angelo Becciu, que fue sustituto de la Secretaría de Estado de 2011 a 2018 y luego prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos hasta que el Papa Francisco lo destituyó en septiembre pasado por el caso de la inversión de la Secretaría en un inmueble de Londres. Por ahora no se han hallado indicios de que aquel dinero fuera para influir en el juicio a Pell.