(Actualizado el 8-03-2021)
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado, por 224 votos contra 206, la llamada Ley de Igualdad (Equality Act), con la que sus partidarios quieren combatir la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. Pero como es habitual en este tipo de leyes, una cosa es el objetivo declarado y otra la visión de fondo que la sustenta. De ahí la fuerte oposición que ha generado y que, previsiblemente, aumentará con su paso por el Senado.
Según sus promotores, la Ley de Igualdad viene a resolver una laguna de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que solo admite como causas de discriminación injusta la raza, el color, la religión, el sexo y la nación de origen, pero no la orientación sexual ni la identidad de género. Y aunque más de 30 estados cuentan con normas que prohíben la discriminación por esos dos nuevos motivos, consideran que hace falta una ley federal que garantice la igualdad en todo el país.
De lo contrario, en aquellos estados donde no existen normas de ese tipo, el propietario de una vivienda podría negarse a alquilar su casa a una pareja por ser homosexuales o lesbianas, o un empleador podría despedir a un trabajador por cambiar de sexo.
Algunos críticos de la ley replican que para impedir esas conductas discriminatorias no es necesaria una nueva norma, pues desde que el Tribunal Supremo decidió equiparar el pasado junio la discriminación por razón del sexo prevista en la Ley de Derechos Civiles con la discriminación por orientación sexual o identidad de género, las personas que se identifican como LGTB también quedan amparadas por una norma federal.
Borrar el sexo biológico
Esta sentencia no gustó a quienes pensaban que los jueces de la mayoría se excedieron en la interpretación de la ley del 64. Y tampoco parece bastar ahora a su beneficiarios directos: ya no es suficiente, como hizo el ponente de la sentencia, Neil Gorsuch, equiparar la discriminación por esos motivos. Hace falta dar un paso más: es el momento de dejar de hablar de “sexo”, por un lado, y de “orientación sexual” e “identidad de género”, por otro, extremo al que no llegó Gorsuch.
Y eso es exactamente lo que pretende hacer la nueva ley federal: borrar el sexo como concepto distinto de los otros dos. Pero esta operación ya no tiene nada que ver con la igualdad, observa Inez F. Stepman, analista sénior del Independent Women’s Forum: “La Ley de Igualdad no va de proteger a las personas de la discriminación; va de obligar a adherirse a la ideología de género”.
De hecho, añade, la supresión de la categoría legal de sexo aumenta la desigualdad en un sentido muy claro: prioriza los deseos de los transexuales frente a las salvaguardas legales para la mujeres, previstas para garantizar la igualdad de oportunidades (por ejemplo, en las competiciones deportivas) o la seguridad (en los espacios solo para mujeres).
Cambio de prioridades
La columnista de UnHerd Mary Harrington abunda un poco más en este argumento: al fundir la categoría de sexo con las otras dos, la Equality Act da prioridad a la identidad sentida frente al sexo biológico. Por eso, cada cual será muy libre de entrar en la competición, el vestuario o el cuarto de baño que le plazca: porque una ley federal exige a todos tratar a cada cual según su sexo sentido.
Para Harrington, esta ley también es reveladora del cambio de prioridades que se ha dado en la izquierda durante los últimos años. La analista hace notar cómo en las mismas fechas en que los demócratas se apresuraban a dar la batalla por la Equality Act, que solo ha recibido el voto favorable de tres representantes republicanos, Joe Biden anunciaba a alcaldes y gobernadores de su partido que probablemente pospondría la prometida subida del salario mínimo federal, por considerar que tenía escasas opciones de prosperar (*).
“La Ley de Igualdad no va de proteger a las personas de la discriminación; va de obligar a adherirse a la ideología de género”
El reproche –dice la analista– de que “los viejos partidos de clase obrera han sido secuestrados por prioridades burguesas no puede estar mejor ilustrado que por la imagen de una Administración de izquierdas que prefiere impulsar una ley a favor de que los hombres compitan en los deportes femeninos, mientras pospone el salario mínimo”. De ahí que no le extrañe que la derecha esté congeniando últimamente tanto con las feministas a las que se acusa de transfobia por defender su sexo, como con los trabajadores de clase obrera.
Protección desigual
Pero las mujeres y las niñas no serán las únicas perjudicadas por la nueva ley. Como explicaron en una declaración más de 75 intelectuales y representantes religiosos de EE.UU. con motivo del boom de leyes antidiscriminación que se vivió en el país, este tipo de normas ponen una presión enorme a quienes se niegan a adherirse a la visión de la sexualidad defendida por los colectivos LGTB. En vez de proteger por igual a todos, el Estado aprovecha su posición de fuerza para desequilibrar el tablero donde compiten los distintos puntos de vista. Y con esta toma de partido, pone en jaque libertades como la de pensamiento, de conciencia, de religión, de expresión, de enseñanza, de empresa…
En la misma línea, se han pronunciado ahora los obispos católicos en una carta al Congreso firmada por los responsables de varios departamentos de la Conferencia Episcopal. Parten de la premisa de que el respeto debido a cada persona, en virtud de su inalienable dignidad humana, es precisamente lo que lleva a la Iglesia a comprometerse “a servir a todas las personas, sin distinción de raza, religión o cualquier otra característica. Significa que debemos honrar el derecho de toda persona a un empleo remunerado, libre de discriminación injusta o acoso, y a los bienes básicos que necesitan para vivir y prosperar”. Por eso, no tienen ningún problema en apoyar “de todo corazón los principios de no discriminación para garantizar la protección de los derechos de todos”.
El problema –añaden los obispos– es que la Equality Act no busca esa protección igual para todos: para proteger de la discriminación a unos, deja desprotegidos a otros. Así, por ejemplo, los profesionales sanitarios que, de acuerdo con su criterio médico, rechacen apoyar los tratamientos de “reasignación de sexo”, quedarán expuestos a multas o demandas. Y lo mismo les ocurrirá a las agencias de adopción para las que el interés superior del menor pasa por poner a los niños en un hogar con un padre y una madre.
La discriminación es todavía más clara en el caso de las personas y organizaciones de inspiración religiosa. Entre otras cosas, porque la nueva Ley de Igualdad impide ampararse, como causa de exoneración por motivos de conciencia, en la Religious Freedom Restoration Act (RFRA), una ley federal de libertad religiosa aprobada en 1993 con amplísimo consenso por parte de republicanos y demócratas.
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(*) Finalmente, los demócratas incluyeron dentro de un nuevo paquete de estímulos la propuesta de aumentar de forma progresiva el salario mínimo federal de 7,25 dólares la hora a 15 dólares. Pero esta parte del plan no salió adelante: el viernes 5 de marzo, el Senado rechazó la subida por 58 votos contra 42. Ocho demócratas votaron en contra.