Una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicó a finales de octubre una sesión íntegra a la situación de la libertad religiosa en la región. En el encuentro, celebrado virtualmente, distintas organizaciones de la sociedad civil denunciaron un deterioro de este derecho debido a varias causas: el autoritarismo de algunos gobiernos, una concepción laicista de la separación entre Estado e Iglesia, y la coerción sufrida en territorios dominados por grupos criminales armados.
Sin duda, el país más aludido en las intervenciones fue Nicaragua. Desde hace años, pero con especial intensidad en los últimos meses, el presidente Ortega está dirigiendo una campaña de hostigamiento contra líderes religiosos de la Iglesia católica, y en general contra la presencia de esta confesión en el espacio público, tanto el físico como el mediático.
En concreto, se ha expulsado del país a las Hermanas de la Caridad y a más de una docena de sacerdotes; a otros se les ha detenido, o bien se encuentran en arresto domiciliario. También se han dictado medidas para restringir la movilidad de algunas figuras representativas del catolicismo, y varias Iglesias han sido sometidas a vigilancia. Por otro lado, se ha prohibido celebrar actos de culto fuera de los templos, se han clausurado y nacionalizado centros educativos de gestión católica y a varios medios de comunicación confesionales se les han retirado las licencias para operar.
Los representantes de la CIDH afirmaron tener noticia de algunas de estas conductas autoritarias del gobierno de Ortega, y estar recabando más información para una posible denuncia formal ante la Organización de Estados Americanos.
El estatalismo y el laicismo hostil a la religión son amenazas crecientes a la libertad religiosa en Latinoamérica
Los límites a la libertad religiosa provienen, en otros países, de una concepción estatalista de la política, o de entender la presencia pública de las confesiones como una amenaza a la neutralidad religiosa del Estado, confundiendo la sana laicidad con el laicismo.
Voces incómodas
En ocasiones, detrás de estas coartadas “oficiales” se adivina la intención de silenciar voces incómodas para los gobiernos de turno. Por ejemplo, el de Bolivia aprobó en 2010 –bajo el mandato de Evo Morales– una ley que clausuraba dos facultades para la formación de profesores dirigidas por la Iglesia católica y la Iglesia adventista, respectivamente. Con esta decisión, el gobierno se aseguraba de hecho el monopolio en el sector. Aunque la prohibición afecta a todas las instituciones, no solo las religiosas, lo cierto es que las únicas que hasta el momento habían cerrado eran confesionales.
Cárteles de la droga, así como pandillas y maras, cometen actos de violencia en distintos países contra templos y ministros religiosos
También desde Argentina se pudieron escuchar voces críticas con el recorte de libertades religiosas; en este caso, en el ámbito judicial. Una de las participantes en el encuentro expuso cómo en un reciente proceso de selección para el puesto de defensor del menor en una provincia del país, los miembros del tribunal pidieron a los candidatos que revelaran su confesión religiosa, con el argumento de que sus creencias podían generar prejuicios que afectaran a la ecuanimidad de sus futuros dictámenes. El candidato finalmente escogido fue el único que se declaró agnóstico, a pesar de que no era el que más méritos profesionales acumulaba. Según la denunciante, no se trata de un hecho aislado: cada vez es más frecuente que este tipo de jurados tome en consideración la religiosidad de los evaluados, desde la sospecha de su posible “colisión” en casos, por ejemplo, de ética biomédica.
Otro ámbito en el que algunos gobiernos no quieren “interferencias” religiosas es el de las teorías de género. En México, recientemente se han presentado dos iniciativas de ley en este sentido. La primera pretende modificar varios artículos de la Ley de asociaciones religiosas y culto público de forma que se tipifiquen como delito los actos de discriminación hacia minorías sexuales por parte de instituciones confesionales. Aunque para condenar a alguien teóricamente se habría de atestiguar que sus palabras obedecen al “deliberado ánimo de menospreciar y discriminar”, muchos sospechan que pudiera procesarse a cualquiera que, desde un púlpito o un medio de comunicación, manifieste su oposición al matrimonio homosexual o la teoría trans.
La otra iniciativa pide la prohibición de los tratamientos para la atracción homosexual no deseada, denominados “terapias de conversión” por sus detractores.
El laicismo, mordaza de seda
Desde un enfoque teóricamente menos hostil hacia la religión, la coartada de la separación entre Iglesia y Estado se está utilizando para limitar la libertad religiosa en el continente.
Según denunció ante la CIDH Tomás Henríquez, director para Latinoamérica y el Caribe de Alliance Defending Freedom –una organización internacional de defensa de la libertad religiosa–, varios países de la región (El Salvador, Honduras, Costa Rica o México) aún contemplan en sus constituciones la prohibición de que los ministros de las distintas confesiones se pronuncien en cuestiones políticas, manifiesten su rechazo a las leyes u ofrezcan indicaciones en periodos electorales que puedan entenderse como un apoyo o una crítica hacia algún candidato.
En México, varios sacerdotes fueron condenados por dar orientaciones doctrinales durante las pasadas elecciones
El caso de México es paradigmático. La prohibición se encuentra en el artículo 130 de la Constitución, aprobada en 1917 y de claro carácter laicista (además de proscribir el posicionamiento político del clero, impedía la posesión de bienes inmuebles a las confesiones y celebrar culto fuera de los templos). El año pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial invocó este artículo para condenar a varios cardenales y sacerdotes del país por “interferencia política” en el marco de las elecciones federales. Los acusados habían declarado que sus manifestaciones estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión, y por su deber en la defensa de la vida, la familia y el bien común, pero los jueces no lo entendieron así.
Otro frente de debate en torno al laicismo se ha abierto recientemente en el país a cuenta de los belenes navideños. Un juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha propuesto que se prohíban estas y otras manifestaciones religiosas en el espacio público. El borrador de sentencia señala que así lo exige el carácter laico del Estado mexicano. No obstante, hace dos semanas se decidió postergar el fallo sin fecha definida. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue quien propuso al juez en cuestión para el cargo, ha manifestado recientemente su oposición a que se veten los belenes: “No estoy a favor de eso, yo creo que eso no tiene fundamento legal ni tiene que ver con nuestras tradiciones y costumbres. Además, creo que es contrario a la libertad religiosa”.
La violencia armada, otro tipo de censura
Además de los frentes políticos, la libertad religiosa en Latinoamérica también se ve amenazada en los territorios controlados por distintos grupos criminales: cárteles de droga en México y Colombia; pandillas y maras en Honduras, El Salvador o Haití. Los líderes religiosos son hostigados por condenar públicamente la violencia de estas organizaciones, por su defensa de los derechos humanos y por sus actividades educativas y culturales, con las que buscan que los jóvenes de la región no acaben siendo reclutados por el crimen organizado, o que puedan salir de él y reintegrarse en la sociedad.
Las actuaciones de estos grupos van desde el vandalismo de los edificios de culto a las amenazas, el secuestro o incluso el asesinato de ministros religiosos. Según uno de los participantes en la conferencia de la CIDH, solo entre enero de 2020 y agosto de 2022 se han producido 74 homicidios por estos motivos en los países citados.
Los representantes de la CIDH en el encuentro manifestaron el agradecimiento de la organización hacia las confesiones religiosas por su defensa de los derechos humanos y la paz en estos territorios, y prometieron seguir investigando y denunciando los casos de abuso. Desde algunas de las asociaciones civiles invitadas se pidió a la institución interamericana que el mismo compromiso se extienda también a otros intentos, más políticos, de amordazar la libertad religiosa.