Por una amplia mayoría del 61 frente al 39 por ciento los californiamos aprobaron en referéndum el 7 de marzo la Proposición 22 que establece: «Solo el matrimonio entre un hombre y una mujer es válido o está reconocido en California». De este modo, las parejas homosexuales no podrán tener los derechos maritales de los casados.
La Proposición 22 era la que había despertado más polémica de las varias que se sometían al veredicto popular en coincidencia con las elecciones primarias del «supermartes». Sus promotores hicieron una campaña centrada en el matrimonio más que en la homosexualidad. Los medios de comunicación más importantes y los políticos más significativos estaban en contra de la Proposición, afirmando que representaba la intolerancia. Pero los electores no se intimidaron. Según las encuestas, la oposición al matrimonio homosexual ha triunfado tanto entre los hombres como entre las mujeres, entre ricos y pobres, y entre los distintos grupos étnicos. Y si la idea del «matrimonio» homosexual es rechazada en California, que ha sido la punta de lanza del moviento «gay», es de esperar que tiene poco porvenir en otros Estados.
El debate sobre la unión legal de parejas homosexuales tiene su origen en una sentencia de 1993 del Tribunal Supremo de Hawai, que afirmó que la denegación de una licencia matrimonial a una pareja homosexual era una discriminación constitucional en razón del sexo. Como reacción, en 1994 el Parlamento de Hawai aprobó una ley en la que se reafirmaba que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Pero existía el temor de que se produjera alguna decisión judicial que rechazara las razones aducidas por el Estado.
En tal caso, Hawai se convertiría en un «paraíso matrimonial» para parejas homosexuales de cualquier Estado que irían a casarse allí. A la vuelta, sus propios Estados estarían obligados a reconocer tales «matrimonios», de acuerdo con la Constitución (ver servicio 35/96).
No obstante, el 12 de julio de 1996, la Cámara de Representantes aprobó la «Ley de defensa del matrimonio», que fue ratificada por el Senado el 11 de septiembre y firmada por Bill Clinton. La ley permite a los Estados no dar valor legal a los «matrimonios» de homosexuales (ver servicios 109/96 y 153/96).
Desde entonces, como la legislación del matrimonio es de competencia estatal, 31 Estados, a los que se acaba de sumar California, han aprobado leyes advirtiendo que no reconocerán en su territorio las uniones homosexuales.