La escalada abortiva en España

Precisamente cuando una subcomisión del Congreso estudia la posibilidad de dar más facilidades para abortar en España, permitiendo hacerlo dentro del primer trimestre de embarazo sin necesidad de alegar motivos, la realidad ha dado el mentís a la propuesta.

Hace un año nos llevamos el sobresalto de saber que en 2006 habíamos pasado por primera vez de 100.000 abortos (101.592), tras un aumento anual récord, de casi el 11%. Los datos de 2007, recién publicados por el Ministerio de Sanidad, no son menos deprimentes: los abortos subieron a 112.138, un 10,4% más. La tasa ha alcanzado casi un aborto por cada cinco embarazos.

La alarma ha sido general, y se ha centrado sobre todo en el incremento, desde luego muy fuerte, en las menores de 20 años. Pero en el paso del susto al diagnóstico se percibe en algunos una severa dificultad para revisar la postura propia pese a la aparición de indicios contrarios.

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La doctrina oficial, o sea la estrategia CCA (condones, más condones y aborto si falla lo anterior), atribuye los lamentables números a falta de prevención. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, los toma además como prueba a favor de la proyectada ley de plazos, de la que ella es señalada promotora. El diario El País (3-12-2008), que sostiene la misma tesis, al referirse a “la necesidad de reformar la ley”, la explica diciendo que la vigente “sólo permite abortar en tres supuestos: violación, malformación del feto y riesgo para la salud física o psíquica de la madre”.

Desprecio de la ley

Si alguien se asombra de que haya tal expansión del aborto en un país donde “sólo” se puede abortar en tres supuestos, se le podría decir que casi bastaría con uno de los previstos. En España, el 97% de los abortos se justifican por riesgo a la salud de la mujer. Las estadísticas oficiales nunca han desglosado este dato, que apenas oscila de un año a otro, según la clase de salud, física o psíquica, que estaba en peligro. Pero nadie ignora que muy pocos “certificados” de riesgo, extendidos por las clínicas para “cumplir” los requisitos legales, están respaldados por radiografías. El País es más claro en su edición en inglés, que se distribuye con el International Herald Tribune. Allí también recuerda los tres casos de aborto legal, sin omitir el “only”, pero añade que “esas normas se desprecian ampliamente”. Es una anotación importante, aunque quizá superflua para quien no sea extranjero.

Como se ve, en España el aborto ya es libre de hecho, por el desprecio a las condiciones legales. La ley de plazos propuesta simplemente suprimiría el breve y formulario trámite actual para la mayoría de los casos. Pues entre el 88% y el 91%, según los años, de los abortos se realizan dentro de las primeras doce semanas de embarazo, el mismo plazo que se quiere implantar.

Otro capítulo del guión oficial relaciona el aumento de abortos con las mujeres que tienen menor acceso a los sistemas de salud y a los métodos anticonceptivos, que son en particular las jóvenes y las inmigrantes “según los expertos” -dice El País-.

Las estadísticas del Ministerio no distinguen a las mujeres que abortan según la nacionalidad, de modo que no se sabe la contribución de las inmigrantes al total de abortos. Pero el acceso a los servicios de salud depende en buena parte de la situación laboral y económica. Pues bien, en 2007 la proporción de asalariadas en activo entre las mujeres que abortaron fue la más alta del último decenio: 62,93%, y la de paradas, la más baja: 12,52%. A la vez, el 64,23% del total tenían pareja o padre con empleo.

La mayor subida no es entre adolescentes

En cuanto a las adolescentes, su caso es verdaderamente penoso, pero no se les puede atribuir la parte principal de la escalada de los dos últimos años, los de mayor incremento de abortos (fuera de otro pico del 10,4% en 2002). En 2006, los abortos en menores de 20 años crecieron claramente menos (+7,8%) que en el conjunto de mujeres (+10,8%), y en 2007, casi tanto (+10,16% frente a 10,38% del conjunto). Las mayores subidas, más del 13% en 2006 y 2007, se dieron en las de 30-34 años. También las de 25-29 años registraron un aumento superior a la media en 2006 (+13,2%), pero no en 2007 (+8,9%). Con las de 20-24 años sucedió al revés: +6,6% en 2006, +11,2% en 2007.

Así pues, la mayor aportación al reciente ascenso de los abortos no corresponde a chicas inexpertas, sin educación sexual, que no saben de anticonceptivos, sino a mujeres maduras, en la treintena, seguidas de las que tienen de 25 a 29 años.

Pero con independencia de toda comparación, es por sí solo preocupante comprobar que la tasa de abortos en menores de 20 años no ha dejado de subir (como en los demás grupos de edad) y está ahora en el 13,79 por mil, o sea, se ha duplicado con creces en ocho años. Distintas voces, incluida la de la ministra Aído, deducen de ahí dónde ha estado el fallo y señalan cómo rectificar: se necesita un gran esfuerzo de educación sexual.

Entonces, las insistentes campañas del Ministerio y las consejerías de Sanidad para inculcar en la juventud el uso del preservativo no eran educación sexual. No podemos estar más de acuerdo, y celebramos que por fin se reconozca. Pero la doctrina CCA ha probado tener una poderosa fuerza en las mentes que la sustentan, y los precedentes no permiten abrigar grandes esperanzas de cambio. Al fin y al cabo, que las campañas del preservativo no logran reducir los embarazos de adolescentes estaba ya verificado en España y otros países. Ante la repetida evidencia del fracaso, la respuesta oficial siempre ha sido “más de lo mismo”. Y si uno cree que la falta de resultados no se debe a que no sirva fomentar el condón, sino a que no se fomenta bastante, tiene mal remedio. Seguirá adorando el fetiche de látex y afirmará siempre que los hechos le dan la razón, sean cuales sean.

Las cifras del aborto