No debe admitirse la legalización de la eutanasia o del suicidio asistido, pero sí hay que mejorar las medidas de acompañamiento al enfermo terminal. Esta es la conclusión de una comisión de estudio del Parlamento francés, presidida por el diputado Jean Leonetti, que acaba de remitir su informe.
La comisión mantiene que no existe un “derecho a morir”, exigible ante la sociedad, que justificaría el suicidio asistido (proporcionando un producto letal) o la eutanasia (gesto activo para dar la muerte a petición de un paciente).
En Francia existe desde 2005 una ley sobre el fin de la vida (cfr. Aceprensa 20-05-2005), también conocida como ley Leonetti por haber sido preparada bajo su inspiración. La ley reconoce el derecho del paciente a rehusar tratamientos considerados ya inútiles, prevé el “testamento vital”, admite tratar el dolor con riesgo de acortar la vida, y establece la obligación de crear camas para cuidados paliativos en los hospitales. Pero no reconoce la eutanasia.
En los últimos años, hubo algunos casos que conmocionaron a la opinión pública, como el de Chantal Sébire, una enferma a la que un cáncer deformaba la cara. Sébire solicitó sin éxito la eutanasia, y después se suicidó (cfr. Aceprensa 14-04-08). A raíz de este caso se creó la comisión presidida por Leonetti, para evaluar la aplicación de la ley de 2005. Estaba formada por cuatro parlamentarios de distintos partidos, que escucharon el testimonio de 58 personas y visitaron cuatro países (Gran Bretaña, Holanda, Bélgica y Suiza) para estudiar su experiencia.
Una parte del informe de la comisión se dedica, en cuarenta páginas muy argumentadas, a examinar los fundamentos éticos y psicológicos de la reivindicación del “derecho a morir”, así como sus previsibles consecuencias sobre la sociedad, la justicia y la medicina.
Hace notar especialmente que la eutanasia o el suicido asistido no son una prolongación de los cuidados paliativos, sino que pertenecen a otra lógica y que minarían la relación esencial de confianza entre el médico y el enfermo.
En vez de admitir un derecho a morir, la comisión Leonetti preconiza dar a conocer mejor, a pacientes y médicos, las posibilidades de la ley de 2005 que, a su juicio, permite abordar las situaciones trágicas.
Propone precisar en el Código de Deontología Médica el modo de aplicar una sedación terminal cuando se han abandonado los tratamientos activos y el enfermo está inconsciente. Esto permitiría evitar las agonías dolorosas.
Como las situaciones de fin de la vida pueden provocar incomprensiones entre las familias y los profesionales sanitarios, la comisión propone crear en cada departamento un médico de referencia en cuidados paliativos, que podría mediar en estas situaciones complejas.
También preconiza reconocer un permiso laboral para el acompañamiento, a domicilio, de un familiar en situación terminal. Este permiso de 15 días podría ser remunerado por el seguro de enfermedad, aunque la incertidumbre sobre el coste de la medida aconsejaría hacer un estudio previo.
Los diputados sugieren también crear un Observatorio de las prácticas médicas del fin de la vida, para conocer mejor las condiciones en que mueren los enfermos. Y recomienda, como ya hacía la ley de 2005, reforzar la formación de los médicos en los cuidados paliativos.
¿La última libertad?
En Francia, como en otros países, el debate sobre la legalización de la eutanasia es relanzado periódicamente a raíz de casos límite, que conmueven a la opinión pública y se instrumentalizan para reclamar un derecho a una “muerte digna”. Estos casos no justifican un cambio en la legislación, afirma Axel Kahn en un libro que acaba de publicar, ¿La última libertad? (Ed. Plon). Kahn es un científico genetista, que formó parte de 1992 a 2004 del Comité consultivo nacional de ética, y que ahora es presidente de la Universidad París Descartes.
Kahn piensa que la ley francesa de 2005 ha conseguido un buen equilibrio, el mejor actual en Europa en este campo. A Kahn, que es agnóstico, le molesta que este debate se presente como si fuera una lucha entre librepensadores y creyentes, cuando hay razones no religiosas para rechazar la eutanasia. Se muestra particularmente crítico con la Asociación por el derecho a morir con dignidad (ADMD), a la que reprocha el uso que hace de esa palabra. El error sería creer que ella “representaría la parte ilustrada de la opinión que, apoyada por la prensa más valiente, levantaría la capa de plomo de las hipocresías nacionales.
Axel Khan piensa que una modificación de la ley actual tendría el riesgo de llevar a Fracia por la pendiente resbalzadiza de Holanda, cuya evolución le parece “espantosa”.