La principal causa de la corrupción en España es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Es el diagnóstico que hace en El País (27-03-09) Víctor Lapuente Giné, profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).
Según el profesor, sería un error pensar que la corrupción “está en nuestra cultura” o que se debe “a la falta de regulación”. Los problemas vienen de la abundancia de cargos de libre designación. “Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político”, afirma Lapuente, y en este punto es en el que España se diferencia de otros países europeos.
“En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.”
Esta es, según el profesor, la principal causa que “incentiva” la corrupción. En efecto, “Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable.
Por otro lado, la politización del poder público acarrea que el objetivo común de toda la cadena de mando de la administración sea la victoria electoral, lo que provoca que “se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas”.
Frente al tipo de gobierno local que predomina en España, en el cual el alcalde y su mayoría de gobierno acumula mucho poder, Lapuente propugna el de los países donde “los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política.”