La reforma sanitaria de Obama, aprobada en la Cámara de Representantes por una estrecha mayoría de 220 contra 215, afronta ahora una incierta batalla en el Senado, donde la financiación del aborto seguirá siendo un tema conflictivo.
El hecho de que la reforma haya pasado con tan corto margen en la Cámara, donde los demócratas tienen amplia mayoría, indica las dificultades que aún tendrá que superar. En la Cámara, votaron en contra todos los republicanos, menos uno, y 39 demócratas.
Para lograr la aprobación, fue decisiva la luz verde dada a la enmienda que excluye la financiación federal al aborto en el seguro público y en los seguros privados subsidiados con dinero público. Esta enmienda fue aprobada por una mayoría superior a la del conjunto de la legislación, 240 contra 194, en una votación que traspasó las líneas de los partidos, con 176 republicanos y 64 demócratas a favor. Los demócratas partidarios de la financiación del aborto protestaron por esta disposición, pero prefirieron asumirla antes que votar en contra del conjunto de la reforma. Los partidarios del aborto esperan modificar esta enmienda durante las negociaciones en el Senado.
Esta disposición deja la financiación del aborto en los términos ya fijados desde 1976 por la llamada enmienda Hyde, según la cual no pueden utilizarse fondos públicos federales para financiar abortos en los principales programas públicos de salud (Medicaid y Medicare) excepto en los casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre. Fuera de estos casos, que constituyen apenas un 1% del total, se prohíbe la financiación federal para el aborto o para cualquier paquete de prestaciones sanitarias que incluya el aborto.
El propio Obama, en su búsqueda de apoyos para la nueva ley, había dicho que “en nuestra reforma no se usarán fondos federales para financiar el aborto”.
El coste total de la reforma y la creación de un seguro público que compita con los privados, tal como ha aprobado la Cámara, serán otros puntos conflictivos en el Senado. Los demócratas argumentan que la reforma dará una cobertura sanitaria a 36 millones de americanos que ahora carecen de ella. También pondrá fin a prácticas perversas de la situación actual, al prohibir que los aseguradores se nieguen cubrir los gastos sanitarios de ciertos enfermos.
Todos los empleadores, excepto los más pequeños, estarán obligados a ofrecer seguro médico a sus trabajadores o pagar una penalización de un 8% de su nómina. La ley ofrecerá subsidios para que las personas de ingresos bajos puedan contratar seguros con compañías privadas o con el nuevo seguro público.
Para pagar la ampliación de los seguros sanitarios, la ley plantea recortes de miles de millones en el programa Medicare, que actualmente da cobertura sanitaria a mayores de 65 años sin suficientes recursos, y donde, según los partidarios de la ley, hay mucho margen para luchar contra el despilfarro. También se prevé un nuevo impuesto del 5,4% sobre los ingresos de las personas que ganan más de 500.000 dólares anuales, y sobre las parejas que ganan más de un millón al año.
Si el Senado aprueba su propia versión de la reforma, un comité conjunto de la Cámara y el Senado tendría que llegar a un acuerdo sobre un texto común.