Controversias educativas con un trasfondo ideológico
El comienzo de una nueva legislatura es un buen momento para realizar un balance de la situación en la que se encuentra la educación no universitaria en España. El optimismo que exhibe el Partido Popular (han sido cuatro años relativamente pacíficos, salpicados a última hora por huelgas estudiantiles y manifestaciones de los partidarios de la enseñanza pública) contrasta con el crítico análisis que realizan algunos sectores políticos, sociales y sindicales.
La implantación de la polémica LOGSE ha ido acompañada de muchas dudas sobre su viabilidad. Además, el tradicional papel del profesor se ha modificado por el notable incremento de sus responsabilidades educativas y sociales, complicadas por la difícil situación familiar de no pocos alumnos. Y, como telón de fondo, aumenta el fracaso escolar, preocupante talón de Aquiles del actual sistema educativo.
En el análisis de esta situación, las posturas están enfrentadas, y hoy es fácil encontrarse con fervientes partidarios de la LOGSE y con enemigos enconados. La visión de los partidarios queda bien reflejada en el reciente libro Controversias en la educación española (1), de Álvaro Marchesi, que fue secretario de Estado del Ministerio de Educación en los gobiernos socialistas desde 1984 a 1996 y uno de los principales impulsores de la LOGSE.
Las diferencias de valoración afectan sobre todo al punto de partida: qué se entiende por educación, el papel de los padres y del Estado, qué significa en realidad «servicio público». Esto se traduce en que la LODE y la LOGSE, para algunos, son una conquista social que hay que defender a toda costa, y para otros, unas leyes inoportunas y culpables de los problemas educativos que hoy se padecen. Es, por tanto, casi imposible ponerse de acuerdo, a pesar de tímidos intentos, como la firma de la Declaración Conjunta en favor de la Educación, promovida por la Fundación Encuentro y avalada por la mayoría de instituciones, patronales y sindicatos relacionados con el mundo de la educación.
Continuismo del PP
En los últimos cuatro años, salvo leves retoques poco significativos (la mínima modificación del decreto de admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos, los cambios introducidos en la selectividad, el acceso de los alumnos de Grado Medio al Grado Superior de la nueva Formación Profesional y la escasa financiación de la Educación Infantil privada), la política del PP, en líneas generales, ha sido muy parecida a la de los últimos años del PSOE. La falta de mayoría absoluta en el Parlamento ha impedido al PP emprender algunas de sus proyectadas reformas (por ejemplo, la de las Humanidades, todavía en el dique seco).
Durante el tiempo en que Esperanza Aguirre fue ministra de Educación y Cultura, y a pesar de los beligerantes ataques de la oposición y de sindicatos afines -decían que gobernaba en favor de la enseñanza privada-, la política educativa fue continuista en la práctica y liberal en las manifestaciones públicas. Los conciertos con los centros privados se mantuvieron en porcentajes muy similares. La reforma del decreto de admisión de alumnos, tan criticada, fue tan mínima que, al final, el texto definitivo es muy parecido a uno de los que se aprobaron durante los años socialistas.
La llegada de Mariano Rajoy al Ministerio aceleró los procesos de transferencias educativas a las comunidades autónomas que ya estaban abiertos. Poco más le ha dado tiempo a hacer: entre otras cosas, por la falta de propuestas y su premeditada intención de no plantear soluciones a patatas calientes como el proyecto de decreto sobre la asignatura de Religión, que ha preferido aparcar para no provocar polémicas.
Educación descentralizada
Ahora, cerrados ya todos los procesos de transferencias, es una incógnita qué labor va a desempeñar el futuro Ministerio de Educación, o el posible nuevo departamento que herede esas competencias. En la actualidad, el Ministerio controla la educación de Ceuta y Melilla, preside la Conferencia Sectorial de Educación, desarrolla la legislación básica (sobre titulaciones, plantillas, planes de estudios…) y asume la dirección del Consejo Escolar del Estado. Y poco más. En lógica consecuencia con el desarrollo del Estado de las autonomías, estas han asumido la gestión de la educación española, que está ya descentralizada.
Algunos, como los representantes del Foro de la Libertad de Enseñanza, han advertido del peligro de que en el futuro coexistan en España 17 sistemas educativos distintos. Otros replican que algunas comunidades autónomas gestionan la educación desde hace años, y no parece que el sistema educativo haya sufrido ninguna drástica desmembración. Pero los que dan voces de alarma tienen razón en varios puntos: las condiciones laborales y económicas de los docentes varían mucho de una comunidad a otra (tanto en el sector público como en el concertado); el control sobre los contenidos de los libros de texto es, en algunos casos, casi enfermizo; y la política de conciertos y la financiación de la Educación Infantil o del Bachillerato dependen del color que tenga el gobierno de la comunidad.
Tópicos sobre la enseñanza privada
Las tesis que defiende Álvaro Marchesi en Controversias en la educación española son de abierto partidismo en favor de la escuela pública, a la que otorga los calificativos de rigor: laica, tolerante, solidaria, democrática, participativa, abierta a todos… Para él, la enseñanza privada significa todo lo contrario. Siguiendo las pautas socialistas, en el análisis de Marchesi sobresale el peso que da al contexto socioeconómico (según él, determinante), a la obsesión por la igualdad y a la defensa a ultranza de la comprensividad. Marchesi, así, presenta las controversias como un enfrentamiento entre progresistas y conservadores.
Al analizar las propuestas educativas de cada uno de esos bandos, Marchesi no hace juicios asépticos, sino que inclina la balanza hacia su defensa de la enseñanza pública. Así, dice que «los sectores sociales más laicos y más sensibles al papel de la educación para transformar el sistema social consideran necesario aumentar la presencia de la escuela pública y reducir el peso de la enseñanza privada, a la que se considera conservadora y escasamente plural y tolerante».
Cuando habla de la enseñanza privada o concertada, Marchesi aplica los tópicos de siempre: que es elitista, que rechaza a los alumnos marginales, a los inmigrantes, a los gitanos… «Los centros concertados suelen escolarizar alumnos que proceden de sectores sociales más favorecidos y evitan, en un porcentaje significativo de casos, la presencia en sus aulas de alumnos con mayores problemas o con riesgo de abandono: alumnos con discapacidad, con problemas de conducta o que pertenecen a minorías étnicas o culturales».
Con estos principios, Marchesi no investiga las razones del perseverante apoyo de muchas familias que siguen optando por la enseñanza privada y concertada para la educación de sus hijos. Atribuir peso determinante al contexto socioeconómico es lo que le impide buscar otros posibles motivos, más profundos o más funcionales, que expliquen ese fenómeno, cuando, como dice él mismo, en la elección del tipo de enseñanza ya no influyen tanto las razones ideológicas.
¿Quién puede seleccionar?
En todo caso, si hay elitismo, está en parte de la enseñanza privada no concertada: las escuelas caras que acogen a un tipo de alumnado más selectivo. Estos centros ocupan un mínimo sector del sistema educativo y, como no tienen financiación del Estado, no son problemáticos y ni se les menciona cuando se habla de la guerra escolar.
Otro caso es el de los centros concertados, generalmente de iniciativa religiosa o social. Estos colegios, al igual que los públicos, están sometidos a la inspección oficial y deben aplicar el mismo decreto de admisión de alumnos que los centros públicos. Al ser gratuitos y tener prestigio, son muy solicitados por los padres. La frecuente acusación de que estos centros practican una selección de sus alumnos no es real, ya que sus criterios de admisión son los mismos que rigen en los centros públicos. Además, poca selección se puede hacer cuando el problema es más bien no perder alumnos por la baja de la natalidad.
Dice Marchesi que los colegios concertados no pueden quejarse del trato que les dispensaron los socialistas. Durante los años de gobierno del PSOE, la enseñanza concertada no ha aumentado, pero tampoco ha disminuido; por su parte, la enseñanza pública ha visto multiplicados de manera espectacular sus recursos humanos y materiales (ver suplementos 1 y 2/97). Para Marchesi, los centros concertados «han encontrado vías para conseguir nuevos ingresos de los padres para actividades extraescolares o servicios educativos. Ello les ha permitido completar una asignación pública que consideraban insuficiente pero ha actuado indirectamente como mecanismo de selección de alumnos».
Entonces, ¿cuál es la solución para no ser selectivos?: ¿resignarse a que el colegio funcione mal por falta de financiación? El propio Marchesi reconoce en otro momento: «No tengo inconveniente en admitir que el dinero que reciben [los centros concertados] es en muchos casos insuficiente para que un centro funcione bien. Pero lo mismo se puede decir de la enseñanza pública». Para ver si en realidad es lo mismo, lo más clarificador sería comparar el coste del puesto escolar en la enseñanza pública y en la privada. Y los estudios más precisos realizados al respecto muestran que este coste es del orden de un 30% superior en la enseñanza pública.
Batalla en torno a la Educación Infantil
La financiación de la Educación Infantil de los centros privados es otro de los motivos de enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. Aunque el PP presentó, en las elecciones de 1996, la propuesta de financiar la Educación Infantil, hasta el último curso escolar no han movido ficha. En los cursos anteriores, el Ministerio se conformó con un ligero incremento de las becas y subvenciones. En el curso escolar 1999/2000 han concertado la Educación Infantil de algunos centros privados (una mínima parte de los que lo habían solicitado). Este hecho ha vuelto a levantar protestas en todos los frentes, ya que los partidarios de la financiación dicen que la medida es cicatera, y los que están en contra la ven como otro atentado del PP a la educación pública.
Conviene tener presente que la Educación Infantil, a pesar de su generalización (casi el 100% de los niños españoles están matriculados en el segundo ciclo de estas enseñanzas, de los 3 a los 6 años), no forma parte de la enseñanza obligatoria y gratuita. Sin embargo, en los centros públicos la Educación Infantil es completamente gratuita, y por lo tanto las familias modestas no tienen otra opción.
Desde hace años, tanto las patronales de la enseñanza concertada (Educación y Gestión y CECE, entre otras) como los sindicatos (FSIE y USO) están reclamando un cambio en la política educativa en esta materia. Si se conciertan más centros privados, esta enseñanza podrá ser gratuita para todos los padres, y no solo para los que elijan un centro público. Sin embargo, los partidarios de la enseñanza pública afirman que, si se financia la educación infantil privada, se reducen recursos necesarios para la enseñanza pública. Lo que no se entiende es por qué cualquier financiación pública destinada a la enseñanza privada se considera como sustraída a la enseñanza estatal, que ya es gratuita. Parece que, para poder competir, la enseñanza pública necesita que haya barreras económicas de acceso en la privada.
Libertad recortada
Detrás de toda esta polémica existen muchas cosas en juego. Por lo general, los alumnos de Educación Infantil continúan la Educación Primaria en el mismo centro. Sin la ayuda de las subvenciones, tarde o temprano, los centros privados se resentirían, como de hecho está sucediendo. Además, con esta política se impediría que los alumnos de zonas marginales o de minorías étnicas puedan acudir a centros privados, por falta de recursos económicos.
«Los padres son cada vez más conscientes de la importancia de la educación para el futuro de sus hijos, por lo que la elección de un buen centro escolar se convierte en uno de sus principales desvelos», afirma Álvaro Marchesi. Sin embargo, esta elección no siempre es posible, pues los mejores centros, que los padres saben cuáles son y que reciben un mayor número de peticiones de ingreso, se rigen por el decreto de admisión de alumnos, y cuando hay más solicitudes que plazas, se impone la zonificación. La libertad de elección es, por tanto, en este momento, una entelequia en la enseñanza pública y, especialmente, por su mayor prestigio, en la enseñanda concertada.
El poder sindicalAunque en la educación el panorama sindical se está fragmentando, todavía siguen llevando la batuta unos sindicatos nada asépticos, con un declarado componente ideológico. En la enseñanza pública, después de las últimas elecciones sindicales celebradas el pasado año, han reforzado sus posiciones los sindicatos de izquierdas (STES, CC.OO. y UGT) y han bajado dos sindicatos independientes (CSIF y ANPE). Estos dos sindicatos, además, solo están implantados entre los funcionarios de todas las administraciones (CSIF) o entre los profesionales de la educación (ANPE). Los demás sindicatos están implantados solo en algunas autonomías (ELA-STV en el País Vasco, CIGA en Galicia) o tienen una presencia meramente testimonial.
En la enseñanza privada y concertada, la representatividad está muy repartida. En la concertada, el sindicato que cuenta con mayor número de delegados es FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza, implantado de manera casi exclusiva en los centros de religiosos); luego está, a muy poca distancia, USO; después, UGT y CC.OO. En la enseñanza privada, USO y UGT son los sindicatos más votados, seguidos de CC.OO.
Tanto en el plano educativo como en otros sectores, los sindicatos tienen una presencia muy activa en las mesas de negociación donde, por ejemplo, se resuelven las comisiones de conciertos, los centros en crisis, la recolocación de los profesores, los planes de formación del profesorado, etc. Los sindicatos, además, hacen todo lo posible por imponer sus idearios educativos. En el caso de la enseñanza pública, los sindicatos más votados se definen como defensores a ultranza de este modelo, por lo que desempeñan un importante papel dentro de la política educativa y en la distribución de los presupuestos de educación de las comunidades autónomas. Los acuerdos de mejora del sistema educativo que se están firmando en algunas comunidades, y que incluyen mejoras salariales para todos los docentes, dan siempre prioridad a las necesidades de la enseñanza pública; la enseñanza concertada, que queda siempre a la cola, se considera subsidiaria.
Los docentes españoles, como los demás trabajadores, están poco afiliados, aunque valoran de manera positiva el trabajo sindical, que muchos reducen a la conquista de mejoras laborales y económicas. Pero merece la pena subrayar el peso ideológico que tienen hoy día los sindicatos en el mundo educativo. Si alguien sigue de cerca sus tomas de postura, se sorprendería de sus nítidos planteamientos políticos, que en la mayoría de los casos exceden las cuestiones propiamente profesionales o sindicales. Un ejemplo de que no son neutrales es la beligerancia de algunos de estos sindicatos (CC.OO., UGT, STES…) contra la asignatura de Religión.
_________________________(1) Álvaro Marchesi. Controversias en la educación española. Alianza. Madrid (2000). 260 págs. 1.900 ptas. Ver también, en el servicio 175/98, la reseña del libro: Álvaro Marchesi y Elena Martín, Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio (Alianza).