El gobierno australiano, del Partido Liberal en coalición con el Partido Nacional, ha presentado al parlamento un proyecto de ley para que las parejas homosexuales no puedan ser consideradas matrimonio. La aprobación parece segura, ya que la oposición laborista ha anunciado que no pondrá objeciones.
«La definición de matrimonio comúnmente aceptada es una unión de un hombre y una mujer -ha dicho el primer ministro y líder liberal, John Howard-. Hemos decidido incluirla en la Ley de Matrimonio para dejar bien claro que esa es nuestra idea del matrimonio». La medida responde a las presiones contrarias de los grupos gay, con campañas dirigidas a la opinión pública y otras acciones. Así, es conocido que tres parejas homosexuales piensan poner a prueba las leyes australianas pidiendo por vía judicial que se reconozcan sus «matrimonios», celebrados en Canadá, donde algunas provincias admiten tales ceremonias.
Pero también el Partido Laborista se ha declarado en contra del «matrimonio gay». Según ha dicho su portavoz para asuntos de justicia, en Australia el matrimonio siempre ha sido heterosexual. Por tanto, añadió, «no vamos a escandalizarnos por un proyecto que simplemente confirma la ley vigente».
La iniciativa del gobierno ha puesto a la oposición en la necesidad de definirse claramente sobre la cuestión, cosa que habría preferido no tener que hacer en este momento, cuando las encuestas prevén unos resultados muy ajustados en las próximas elecciones (febrero de 2005). Si rechazaran la reforma, el gobierno fácilmente podría presentarlos como contrarios a la familia, lo cual les restaría votos entre los electores de centro.
El gobierno ha anunciado otra reforma para prohibir que las parejas homosexuales adopten niños en el extranjero. A esto sí se opondrán los laboristas. En cambio, un tercer proyecto del gobierno ha sido recibido favorablemente por la oposición y por los gays. Se trata de permitir que cualquier persona pueda acceder a la pensión de aquella otra de la que dependa económicamente, aunque no sea su cónyuge, hijo, etc. De este modo, la transmisión de derechos se aplicaría también a las parejas homosexuales.
¿Se podrá discrepar de los «gays» en Canadá?
También en Canadá se debate el «matrimonio gay», y existe el riesgo de que se impida intervenir a una de las partes incluso por vía penal. El año pasado, un tribunal de Ontario declaró inconstitucional la ley federal que define el matrimonio como una unión de hombre y mujer. Antes se habían dado sentencias similares en Quebec y Columbia Británica. El gobierno del Partido Liberal decidió no recurrir y en cambio aprobó un proyecto de ley para permitir el matrimonio a parejas de un solo sexo. La medida, pendiente aún de revisión constitucional por parte del Tribunal Supremo, no llegará al parlamento hasta la próxima legislatura, tras las elecciones generales que se celebrarán el próximo 28 de junio. La cuestión del «matrimonio gay» estará muy presente en la campaña electoral, o al menos así pretenden las organizaciones civiles interesadas, tanto a favor como en contra. Por eso ha suscitado preocupación en el bando opuesto una reciente reforma legal que penaliza las expresiones públicas contra los homosexuales.
La ley, promulgada el 29 de abril, atañe al precepto del Código Penal que tipifica el delito de «propaganda del odio» contra algún «grupo identificable» por «el color, la raza, la religión o el origen étnico». La reforma ha introducido expresamente la «orientación sexual» entre las características que identifican a un grupo a efectos de ese artículo. Se exceptúa la «opinión fundada en una creencia contenida en un texto religioso», para que no incurra en delito quien, por ejemplo, cite la Biblia.
Pero varias organizaciones pro familia creen que la redacción del artículo, por imprecisa, permite demandar a quienes se manifiesten en contra del «matrimonio gay». Según Charles McVety, presidente de la Canada Family Action Coalition (CFAC), es una «medida draconiana para silenciar la doctrina moral y religiosa sobre el sexo fuera del matrimonio».
Durante el trámite parlamentario intervino también la Conferencia Episcopal católica, con sucesivas cartas al ministro de Justicia y al Senado, para advertir del peligro contra las libertades religiosa y de expresión. Los obispos propusieron, sin éxito, que se definiese el delito de incitación al odio de forma que quedara claramente excluida «la manifestación de juicios sobre la moralidad del comportamiento sexual». Añadían además, que tales juicios, como los que enseña la Iglesia católica, no son en absoluto muestras de odio, y advertían que la nueva versión del artículo penal «podría ser utilizada también para prohibir todo comentario sobre la conducta homosexual por parte de personas que no profesan ninguna fe religiosa particular».
La CFAC y otras organizaciones con la misma postura respecto al matrimonio homosexual han pedido a los electores que en los próximos comicios no voten a los parlamentarios que apoyaron la reforma penal. Los grupos gay han hecho lo mismo en sentido inverso.