Sydney. El Territorio del Norte, en Australia, hasta ahora conocido por sus feroces cocodrilos de agua salada, los bellos amaneceres de su desierto y sus minas de uranio, se ha hecho famoso por convertirse en el único lugar del mundo donde está legalizada la eutanasia. En virtud de la Ley de Derechos de los Enfermos Terminales, que entró en vigor el 1 de julio, todo mayor de 18 años podrá pedir que le administren una inyección letal, a condición de que tenga un mal ya sin remedio, con sufrimientos físicos y morales que considere insoportables.
En teoría, la primera eutanasia legal podría haber tenido lugar el 10 de julio, pues la ley establece un plazo mínimo de siete días para que un médico firme el certificado requerido -que ha de ser corroborado por otros dos especialistas-, y después impone al paciente un «periodo de reflexión» de dos días completos. Sin embargo, lo más probable es que la ley no se aplique nunca. Contra ella se levantan demasiados obstáculos: un recurso ante el Tribunal Supremo del territorio, una proposición de ley en el Parlamento de Canberra, la postura contraria del primer ministro federal y del jefe de la oposición, y el desacuerdo de los médicos.
El Territorio del Norte es una extraña pista de lanzamiento para la eutanasia. Es muy extenso (171.000 Km2), pero tiene menos de 175.000 habitantes. Más de un cuarto de ellos son aborígenes, que ven la eutanasia como una peligrosa «brujería» de los hombres blancos. Su Parlamento tiene sólo 25 diputados.
La ley, aprobada en mayo del año pasado por un solo voto de diferencia, existe gracias a la convicción y entusiasmo de un hombre, Marshall Perron, ex primer ministro del territorio, que emprendió una cruzada particular para que se legalizase la eutanasia.
Pero muchos australianos no comparten su causa y están luchando con uñas y dientes para revocar la ley. Les aterra la perspectiva de que Darwin, la capital del territorio, se convierta en la atracción de turistas terminales venidos de todo el mundo. El primer ministro federal, John Howard, está también en contra, y ha dado su apoyo a la iniciativa de un diputado de su partido, que ha presentado en el Parlamento un proyecto de ley que anularía la aprobada en el Territorio del Norte. Parece que el proyecto cuenta con el favor de la mayoría de los parlamentarios de Canberra. El diputado que lo promueve pretende incluso que tenga efectos retroactivos, por lo que los médicos que estarían dispuestos a practicar la eutanasia esperarán a que se aclare la situación legal, probablemente en agosto.
La oposición de Howard prácticamente asegura que la ley de eutanasia no prosperará. Los juristas coinciden en que el gobierno federal tiene facultades para anular la legislación de un territorio -aunque no de un Estado- sobre casi cualquier materia.
Por otro lado, el mismo día en que entró en vigor la ley, se presentó un recurso contra ella en el Tribunal Supremo del Territorio del Norte. La iniciativa corre a cargo de la Coalición contra la Eutanasia, encabezada por Chris Wake, presidente de la Asociación Médica Australiana en el territorio, y Djiniyini Gondarra, pastor protestante y líder aborigen. Sus argumentos son fundamentalmente técnicos, pero se basan en principios básicos de respeto a la vida. Alegan que el Parlamento del territorio carece de competencias para aprobar una ley de eutanasia. Según la common law (costumbre y jurisprudencia, muy importante en la tradición anglosajona), no se puede privar a nadie de la vida sin sentencia judicial. Tampoco basta el consentimiento del interesado. Esto, dicen, es un principio que está en la base de la Constitución australiana.
Gondarra, anciano (elder) del pueblo Yolngu y ex miembro del Consejo Ecuménico de las Iglesias, afirma que la eutanasia es ajena por completo a la cultura aborigen, y que muchos aborígenes están horrorizados ante la nueva ley. «En la cultura aborigen -explica- tenemos muchas maneras de confortar a los moribundos». Gondarra, padre de cinco hijos, añade que también se opone a la ley en cuanto cristiano.
Margaret-Maria Dudley