En diciembre de 2004, el Tribunal Supremo de Canadá declaró que no había inconvenientes jurídicos para que se llevara a cabo una regulación que permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo (ver Aceprensa 164/04). La decisión de la Corte tuvo lugar a raíz de una consulta realizada por el gobierno del Partido Liberal, y después de que tribunales de seis provincias y un territorio de Canadá declarasen inconstitucionales las leyes federales que definían el matrimonio como la «unión de un hombre y una mujer».
Con el visto bueno del Tribunal, el gobierno ha seguido trabajando en un proyecto de ley para aprobar el matrimonio entre homosexuales. El camino hacia el reconocimiento legal de este tipo de matrimonios parecía libre de obstáculos. Sin embargo, aún queda por librar una importante batalla en el Parlamento, pues -como había recordado el propio Tribunal Supremo- es a la asamblea legislativa, y no a los tribunales, a quien compete modificar la definición legal del matrimonio.
El optimismo inicial del gobierno desapareció al encontrarse con un Parlamento que está más dividido en esta cuestión de lo que parece. En los próximas días el gobierno llevará al Parlamento su proyecto de ley, pero es patente el desacuerdo que existe tanto dentro del partido del gobierno como entre los de la oposición. En principio, el Partido Liberal -que gobierna en minoría con 133 diputados- cuenta con el apoyo del Bloc Québécois (54 escaños) y con el del New Democratic Party (19). En contra del proyecto votará prácticamente la totalidad de los 99 representantes del Partido Conservador. El problema está en que algunos miembros del Partido Liberal no tienen claro el sentido de su voto. El portavoz del grupo parlamentario liberal, Andy Savoy, ha mostrado en distintas ocasiones su desacuerdo con el proyecto elaborado por su partido. Recientemente ha dicho que solo en el transcurso de las vacaciones ha recibido cerca de 500 mensajes, «todos en contra de la medida», aseguró.
El arzobispo católico de Toronto, Mons. Aloysius Ambrozic, escribió el 19 de enero una carta abierta al primer ministro canadiense, Paul Martin, en la que manifestó su rechazo al proyecto. En su carta pedía cautela antes de dar el paso definitivo hacia una nueva definición legal del matrimonio. «Todos haríamos muy bien si nos parásemos a pensar antes de cambiar instituciones sociales como el matrimonio y la familia, cimientos en los que se apoya la sociedad y que representan una sabiduría y una experiencia acumuladas a lo largo de siglos».
Tiempo para el debate
Más adelante, el arzobispo llama la atención sobre el papel educativo que tienen las leyes y sobre las posibles consecuencias del cambio en la definición de matrimonio. La futura ley, escribe, «estaría enseñando que la práctica de la homosexualidad es moralmente equiparable a la heterosexualidad. A los colegios públicos se les exigirá que proporcionen educación sexual conforme a esta idea. Y muchos padres, creyentes o no, estarán en desacuerdo, al igual que muchos -si no la mayoría- de los canadienses».
El arzobispo recomendó a Martin el uso de la cláusula «notwithstanding» («no obstante»), recogida en el artículo 33 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Mediante esta cláusula, las leyes que definen el matrimonio como «la unión entre un hombre y una mujer» podrían seguir estando vigentes durante un plazo de 5 años, «no obstante» haber sido declaradas inconstitucionales. Para el arzobispo Ambrozic, «el período de 5 años es un tiempo razonable para que tenga lugar un debate nacional del que se extraiga una decisión madurada y serena». De esta forma, asegura Ambrozic, los canadienses tendrían tiempo suficiente para observar las consecuencias de la legalización del matrimonio homosexual en países como Holanda y Bélgica.
Los dirigentes evangélicos también se han unido a este debate, proporcionando a los feligreses la documentación necesaria para oponerse al proyecto. La cuestión ha sido polémica también entre los sijs, religión originaria de la India. Pocos días antes de que Paul Martin iniciara un viaje político a la India, la máxima autoridad mundial de la comunidad sij, Giani Joginder Singh Vedanti, animó a los miembros de su comunidad a oponerse a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. En Delhi, al dar una rueda de prensa, un corresponsal extranjero preguntó al primer ministro indio, Manmohan Singh, también sij, su opinión sobre este asunto. Singh respondió diciendo que «ese es un problema interno de Canadá. Este tipo de matrimonio no es apreciado en nuestro país».