Casi dos mil casos de abusos de menores por parte de sacerdotes o religiosos católicos han sido denunciados a una comisión holandesa promovida por los obispos. No hay posibilidad de saldar cuentas ante la justicia penal, pues prácticamente todos los casos han prescrito, por lo que la comisión propone implantar un procedimiento de asistencia e indemnizaciones a las víctimas.
Los obispos habían encargado la investigación a una comisión independiente presidida por el político democristiano Wim Deetman, protestante, ex ministro de Educación. Antes, en 1995, habían constituido un organismo, llamado Ayuda y Justicia, para centralizar las denuncias y asistir a las víctimas. La comisión Deetman ha reunido las los casos llegados a ella y a Ayuda y Justicia, que son en total 1.975. El recuento no significa que todas las denuncias hayan sido corroboradas o investigadas, entre otras cosas porque el 90% han sido presentadas desde marzo de este año. De momento, la comisión solo ha dado a conocer las conclusiones provisionales de su trabajo; hasta el año próximo no publicará el informe completo.
Aunque 2.000 casos en 65 años den una media relativamente baja de 30 por año, en realidad los casos se concentran sobre todo en dos décadas, las de los cincuenta y los sesenta. De los denunciados este año a Ayuda y Justicia, que son la mayoría (1.799), no llegan a 10 los posteriores a 1990. Al igual que en otros lugares, casi todas las víctimas y culpables son varones.
Una peculiaridad de los abusos en Holanda es que en su gran mayoría fueron cometidos en escuelas regidas por órdenes o congregaciones religiosas. De los 1.799 mencionados arriba, solo 265 son de sacerdotes de una diócesis; los demás corresponden a religiosos.
El gran número de casos antiguos denunciados recientemente indica que no se sacaron a la luz en su momento ni se tomaron medidas para que no se repitieran. Un libro publicado este año (Vrome zondaars, de Joep Dohmen) afirma que los superiores echaban tierra sobre los abusos y se limitaban a trasladar a los culpables, generalmente a pueblos pequeños. Pero el portavoz de la Conferencia Episcopal, Pieter Kohnen, dice que no se puede hacer tal acusación en general, pues en muchos casos se facilitaba terapia a los implicados, además de moverlos, y se les asignaban nuevas funciones en las que no tenían contacto con chicos.
La comisión Deetman propone que se cree un nuevo organismo en sustitución de Ayuda y Justicia, que -dice- no goza de confianza entre las víctimas. La Conferencia Episcopal y los superiores religiosos tendrán que decidir cómo ponen en práctica la recomendación.