En el debate sobre el aborto, reabierto otra vez en España con motivo de la nueva reforma propuesta por el gobierno, se acaban mezclando opiniones de muy variada índole. Y así, es frecuente que las preferencias ideológicas pasen por alto el tratamiento que merece el embrión humano desde el punto de vista médico y científico. Para corregir este enfoque, Derecho a Vivir ha lanzado un manifiesto al que ya se han adherido 632 médicos, científicos y profesionales de la salud.
Durante la presentación del manifiesto “Científicos por la vida”, que tuvo lugar el 13 de mayo, la pediatra Gádor Joya subrayó que la adhesión de tantos médicos a este documento pone de relieve que la defensa de la vida humana tiene un claro aliado en la medicina y en la ciencia.
“Pedimos honestidad científica para no negar lo que es evidente: existe una vida humana desde el momento de la concepción, que ha de ser protegida y cuidada por los que nos hemos formado para curar y aliviar”, dijo Joya en un acto donde participaron otros médicos que se dedican al cuidado de la salud de la mujer y de los niños.
El manifiesto reafirma la Declaración de Madrid 2009, que se remitía a la evidencia científica para dejar claro que la vida empieza en el momento de la fecundación. Esto es lo que enseña los conocimientos científicos de hoy: “La Genética señala que la fecundación es el momento en que se constituye la identidad genética singular; la Biología Celular explica que los seres pluricelulares se constituyen a partir de una única célula inicial, el cigoto; la Embriología describe el desarrollo y revela cómo se desenvuelve sin solución de continuidad”.
Después, los más de 600 firmantes del nuevo manifiesto recuerdan que la defensa de la vida humana –incluida la de los embriones– es un imperativo de su profesión. Y afirman que “el aborto no debe ser denominado ‘acto médico’, ya que este es el que se realiza con la intención de curar o de paliar el sufrimiento de un ser humano, y no la de acabar con su vida”.
Con la misma convicción sostienen que “ningún ser humano puede ser discriminado sobre la base de una enfermedad o discapacidad”, ya sea antes o después del nacimiento. “Nuestro deber como profesionales de la sanidad es procurarles la atención y los cuidados de máxima calidad, y promover el adecuado estudio de las enfermedades neonatales, su prevención y tratamiento. Por este motivo, apoyamos la decisión de abolir el aborto eugenésico, y que esta medida se extienda a todos los enfermos sin distinción, sea cual sea su patología y su gravedad”.
El documento reconoce que la “ley Gallardón” –por la que el aborto deja de ser un derecho dentro de un sistema de plazos y solo será legal en dos supuestos– “supone un avance hacia una mayor protección, que no total, de la vida prenatal”. Y recoge varias propuestas (sobre todo del ámbito de la salud) para mejorar el texto del gobierno:
- Eliminar la exigencia de que la objeción de conciencia tenga que ser declarada por escrito y dentro de un plazo de tiempo.
- Impulsar centros de apoyo sanitario y sociolaboral a las embarazadas.
- Potenciar la información sobre los daños psicofísicos a que puede dar lugar el aborto.
- Reforzar el control de los centros abortistas y garantizar que los médicos encargados de certificar los supuestos en que es posible abortar pertenezcan al Sistema Nacional de Salud.
- Garantizar que los colegios no imparten una educación sexual que vaya en contra de las convicciones de los padres.