Una disposición de la ley de reforma del welfare (asistencia pública), aprobada el año pasado en Estados Unidos (ver servicio 116/96), permite que las confesiones religiosas se hagan cargo de programas de ayuda administrando directamente fondos públicos. Las Iglesias ya realizaban labores sociales, y en gran número, con subvenciones del fisco, además de donaciones privadas. La diferencia es que ahora no necesitan hacerlo a través de organizaciones benéficas -como Catholic Charities, promovida por la Iglesia católica-, sino que pueden actuar por sí mismas.
Ante el poco éxito del welfare, la nueva ley alienta a ensayar nuevas fórmulas, entre ellas ésta. A diferencia de los organismos estatales, inevitablemente proclives a la frialdad burocrática, una entidad religiosa está especialmente capacitada, gracias al aliento espiritual, para tratar los problemas humanos. Los asistentes -voluntarios, en muchos casos- están más motivados que los empleados públicos, y los beneficiarios reciben un apoyo comunitario que les proporciona confianza y les ayuda, así, a salir de la situación de necesidad. De hecho, los programas de asistencia con inspiración religiosa logran mejores resultados que los gestionados por la administración pública.
Varios Estados han empezado ya a encomendar a las Iglesias diversos programas de asistencia, según datos de Time (25-VIII-97). El más entusiasta es Tejas. Desde diciembre pasado, los organismos estatales del welfare tiene orden de incluir a las confesiones religiosas entre las entidades proveedoras de asistencia. Allí mismo, una ley aprobada en junio permite que las Iglesias se encarguen, a expensas de la hacienda estatal, de servicios sociales como rehabilitación de toxicómanos, guarderías o asistencia a presos.
Las organizaciones que vigilan por la estricta separación entre Iglesia y Estado se oponen a este sistema. Temen que las confesiones religiosas, a la vez que dan asistencia social, evangelicen con cargo al erario público. También advierten que si las Iglesias contratan personal para esas labores, podrían hacer discriminación entre los candidatos por razones de credo. Para las Iglesias, la nueva fórmula supone más posibilidades de realizar tareas sociales, y sin diluir su identidad religiosa en organizaciones seculares filiales, cosa antes imprescindible para administrar subvenciones públicas.
Pero eso mismo es sólo una cara de la moneda, a juicio de algunos representantes de Iglesias. La otra, según declara a Time el director de una organización baptista de Tejas, es el peligro de que las Iglesias, al intervenir como tales en labores sociales financiadas por el Estado, acaben pareciendo instrumentos de la administración civil y se difumine su carácter y su misión específicos. Peligro -se podría añadir- que no existe cuando son los creyentes mismos quienes, por su cuenta y riesgo, organizan la asistencia, porque ellos impregnan de su fe las tareas sociales, y ya no se desvirtúa la misión espiritual de la Iglesia.