En diciembre de 2005, la Cámara de Representantes estadounidense dio luz verde a un proyecto de ley para reforzar las medidas contra la inmigración ilegal en Estados Unidos (ver Aceprensa 26/06). La llamada Iniciativa Sensenbrenner propone ampliar la valla en la frontera con México, convertir en delito federal la entrada ilegal en el país y castigar con fuertes multas a los que contraten a inmigrantes sin papeles. Este proyecto desencadenó una batalla política en torno a la inmigración, que ha traspasado las fronteras entre partidos.
Sólo en lo que va de año, las asambleas legislativas de 42 estados han admitido a debate 368 proyectos de ley relacionados con la inmigración, tema que se ha convertido en candente cara a las próximas elecciones legislativas; casi todos ellos apuntan a restringir la entrada de inmigrantes. Pero en las últimas semanas, las masivas manifestaciones en ciudades como Los Ángeles -en donde se reunió más de medio millón de personas- o Chicago han demostrado que habrá resistencia a estas medidas.
El Senado aboga ahora por un enfoque menos restrictivo, desmarcándose así de la línea dura emprendida por la Cámara de Representantes. El pasado 27 de marzo, el Comité Judicial del Senado aprobó -por 12 votos a favor y 6 en contra- un proyecto de ley que propone un programa de trabajadores temporales extranjeros, así como la regularización de los inmigrantes que ya están dentro. Para esto último, los indocumentados tendrán que pagar una multa y demostrar sus conocimientos sobre la lengua y la cultura de Estados Unidos.
El proyecto de ley del Senado salió adelante con el voto favorable de ocho senadores demócratas y cuatro republicanos, lo cual indica que en el seno de ambos partidos hay distintas sensibilidades. De hecho, entre los senadores que defienden el programa de trabajadores temporales todavía hay diferencias sobre cuál ha de ser la duración de los visados temporales o sobre si los beneficiarios de los permisos tienen que regresar o no a su país antes de renovarlos.
Partidos divididos
El debate sobre la inmigración ha puesto de manifiesto las diferentes posturas del Partido Republicano en esta cuestión. Para los republicanos de la Cámara de Representantes, la iniciativa aprobada en el Senado equivale a una amnistía general de los sin papeles. Los republicanos del Senado, sin embargo, insisten en que los inmigrantes están contribuyendo a impulsar el crecimiento económico.
El argumento de la «amnistía» ha sido muy criticado en la prensa norteamericana por demagógico. En este sentido, «The New York Times» (30-03-2006) advertía en un editorial que la acusación de amnistía es infundada, pues el proyecto de ley del Senado se dirige también a reforzar la seguridad y la vigilancia en las fronteras. Así, prevé duplicar el número de agentes de la Policía de Fronteras; destina más recursos para detener a los inmigrantes ilegales; acelera las deportaciones; y promueve el respeto a las leyes de inmigración tanto estatales como locales.
El Partido Demócrata también está dividido -aunque menos- en este debate. Unos dicen que un programa de trabajadores temporales daría lugar a situaciones injustas, pues empujaría a los inmigrantes a trabajar con salarios bajos en las profesiones que rechazan los nacionales. Y esto, además, con la condición de salir del país en cuanto termine el contrato. A su juicio, el programa de trabajadores temporales parece pensado para las empresas que buscan mano de obra barata, no para los inmigrantes.
Otros, en cambio, aseguran que el programa se dirige precisamente a evitar la existencia de una subcultura de trabajadores marginados. En este bando está el senador demócrata Edward M. Kennedy (Massachusetts), coautor del proyecto de ley aprobado en el Senado. Para Kennedy, la nueva iniciativa mejora las condiciones de trabajo del inmigrante y le otorga protección.
¿Quitan empleos a los nacionales?
Otra cuestión debatida es el efecto de la entrada controlada de inmigrantes sobre el mercado de trabajo. Según un estudio de la Northeastern University, entre 2000 y 2005 los inmigrantes acapararon casi el 86% del crecimiento del empleo. Para Andrew Sum, director del estudio, las conclusiones son claras: «Los jóvenes [nacionales] están siendo desplazados por los inmigrantes», declaró al «Washington Post» (31-03-2006).
Contra esto se argumenta que, en realidad, los inmigrantes sólo acaparan el crecimiento de los empleos que los nacionales rechazan. Pero algunos analistas consideran que este argumento es endeble. Así, el economista Paul Krugman defiende en el «International Herald Tribune» (28-03-2006) que «si los nacionales rechazan algunos empleos es porque están mal pagados, y la razón de que estén mal pagados es la competencia de los inmigrantes».
Al otro lado de la frontera, el presidente Vicente Fox ha lanzado una nueva campaña para conseguir un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos. Se trata de un documento -México frente al fenómeno migratorio- en el que el gobierno mexicano se compromete a frenar los flujos de emigrantes ilegales, siempre que los países vecinos se guíen «bajo el principio de responsabilidad compartida».
Este principio exige, entre otras cosas, que Estados Unidos apoye «un esquema de trabajadores temporales con el mayor alcance posible» y que atienda a la situación de los inmigrantes mexicanos que ya están establecidos allí. Para difundir el documento, el gobierno de Fox decidió publicar un anuncio en los principales diarios estadounidenses. Aunque la iniciativa fue bien acogida, algunos se muestran escépticos respecto a las posibilidades reales del gobierno mexicano para frenar el flujo de indocumentados.
La semana pasada, Fox tuvo oportunidad de impulsar su campaña en una cumbre celebrada en Cancún con el presidente Bush y el nuevo primer ministro canadiense, Stephen Harper. Aunque la cumbre tenía por objeto revisar los logros de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), Fox y Bush aprovecharon para hablar del asunto en una reunión bilateral previa a la cumbre tripartita. Fox reiteró su compromiso de reforzar el control fronterizo, a cambio de un acuerdo migratorio integral.
Juan Meseguer Velasco