Los países europeos que cuentan con un Estado Providencia más generoso están recortando los beneficios sociales, obligados por la necesidad de reducir el déficit público. Así lo acaban de experimentar los suecos y los holandeses, que con la llegada del nuevo año han visto reducidos o modificados algunos subsidios.
En Suecia, las medidas de ahorro que hizo aprobar el gobierno socialdemócrata de Ingvar Carlsson afectan directamente a la economía familiar. Desde el 1 de enero, el subsidio por hijo se reduce de 750 coronas al mes a 640 (unas 11.800 pesetas). Un suplemento que se concedía a las familias con más de dos hijos desaparece.
Cuando nace un hijo, el padre o la madre puede pedir un permiso laboral para atenderlo, cobrando parte del sueldo. Antes recibía el 85% del sueldo durante un año; a partir de ahora será el 75% y durante diez meses. Igualmente, el permiso concedido a uno de los padres para ocuparse de un hijo enfermo menor de 12 años, sólo supondrá el 75% del salario (frente al 85% antes). Este régimen vale para un máximo de 60 días al año para cada padre.
A pesar de los recortes, la familia media sueca sigue disfrutando de unos subsidios que para sí los quisieran las familias de otros países. Pero está por ver qué repercusiones tendrá en la natalidad la reducción de los subsidios sociales. Hasta ahora, una generosa política familiar había contribuido a que Suecia tuviera la más alta tasa de fecundidad en Europa (junto con Irlanda) con 2,17 hijos por mujer en 1993. El año pasado el número de nacimientos disminuyó un 7% respecto a 1994. Por otra parte, también el subsidio de paro y el de enfermedad se rebajan del 80% al 75% del último salario.
Los holandeses también experimentarán una profunda revisión del subsidio de enfermedad. Hasta ahora, la empresa pagaba al menos el 70% del salario durante dos a seis semanas, y luego lo costeaba la Seguridad Social. A partir de ahora, la empresa deberá pagar íntegramente el salario durante un año antes de que tome el relevo la Seguridad Social. Los asalariados no recibirán menos que antes, pero las empresas tendrán que asegurarse contra el costo de las ausencias y se espera que controlen mejor el absentismo.
También va a cambiar el sistema de indemnización por incapacidad laboral, gestionado por empresarios y sindicatos. Hasta ahora ha funcionado con criterios muy laxos: los empresarios, que no cotizan a este fondo, lo utilizaban para desembarazarse del personal sobrante, en vez de recurrir al despido. Los sindicatos estaban de acuerdo, pues mientras que el subsidio de paro va decreciendo la incapacidad laboral da derecho a un 75% del salario hasta la jubilación. De este modo, en un país de 15,5 millones de habitantes, hay 755.000 con «incapacidad laboral» física o psíquica.