El extremismo islamista está cobrando fuerza en Pakistán, sin que los esfuerzos del gobierno para contenerlo den apenas fruto. El Partido Popular de Pakistán (PPP), de la primera ministra Benazir Bhutto, pretende suavizar las leyes islámicas promulgadas en el decenio pasado, pero no cuenta con el apoyo parlamentario suficiente. Así pues, la blasfemia sigue estando castigada con pena de muerte: dos cristianos acaban de ser condenados a la horca por este motivo.
La sentencia ha dejado en mal lugar al gobierno -interesado en que el país no adquiera fama de islamista-, en especial porque uno de los condenados tiene 14 años y sólo contaba 11 cuando cometió el supuesto delito. Él y un tío suyo están acusados de escribir insultos contra el Islam en papeles que luego arrojaron en una mezquita.
El proceso se ha llevado a cabo con pocas garantías. Había un tercer acusado, que murió asesinado poco después de que saliera de la cárcel en libertad provisional. Las declaraciones de los testigos de cargo no concuerdan del todo. El tribunal dictó condena sin conocer qué palabras escribieron los reos, pues no se conservan los papeles y los acusadores rehusaron pronunciarlas ante los jueces, para no blasfemar. Por otra parte, según las informaciones recabadas por la prensa, los procesados son analfabetos. La defensa confía en que el tribunal de apelación anulará la condena.
Benazir Bhutto ha deplorado la sentencia, a la vez que ha declarado que no puede intervenir. Sus intentos de reformar la ley de blasfemia se han estrellado en el Parlamento, donde el PPP necesita los votos de un partido islámico con el que forma coalición de gobierno. En 1994, cuando el ministro de Justicia propuso algunos cambios, las organizaciones integristas pusieron precio a su cabeza.
El gobierno está preocupado por la violencia de origen islamista, que el año pasado causó, sólo en la provincia de Punjab, 72 muertes, más del doble que en 1993. Los enfrentamientos son, sobre todo, entre sunnitas (más del 80% de la población) y chiítas. Los militantes de una y otra facción han proliferado al abrigo de las leyes dictadas en tiempos del presidente Mohamed Zia ul Haq, que inició un proceso de islamización del país y favoreció, también con grandes subvenciones, las escuelas islámicas, que son el caldo de cultivo del integrismo.
El gobierno de Bhutto ha intentado contener la violencia mediante la diplomacia. A finales de 1993 trató de mediar entre los grupos islamistas proponiéndoles un «código de conducta» para que se respetaran mutuamente; pero no logró ningún acuerdo. Recientemente, se ha manifestado dispuesto a emplear medidas más firmes. Ha anunciado que desarmará a los militantes y que actuará contra las escuelas islámicas: quiere imponerles un plan de estudios nacional e investigar las fuentes de financiación. Pero los extremistas ya han respondido que no tolerarán intromisiones del Estado y es dudoso que el gobierno, políticamente débil en este terreno, logre cumplir sus planes.