“El test prenatal no debe convertirse en instrumento de selección”. Estas palabras resumen el mensaje del artículo firmado por Julius Terpstra, presidente de la sección de jóvenes del CDA, partido democristiano holandés, de momento en la oposición. El artículo, publicado en el diario Trouw (2-04-2014), sale en defensa del no nacido que podría sufrir discriminación por discapacidad, a causa de una nueva decisión ministerial.
Edith Schippers, Ministra de Salud pública de Holanda, había aprobado que, a partir del 1 de abril, el diagnóstico prenatal no invasivo (NIP) será gratuito para mujeres embarazadas a partir de los 36 años. El test para ver si el niño que va a nacer sufre síndrome de Down se realizará en ocho hospitales.
No invasivo significa que se basa en el análisis de una muestra de sangre de la madre para detectar posibles anomalías cromosómicas y no conlleva riesgos para el feto al contrario que la amniocentesis. En esta el médico realiza una punción con una larga aguja a través de la pared abdominal de la madre y la pared uterina para llegar al líquido amniótico con el posible riesgo para el bebé.
Terpstra razona que si el actual test prenatal es tan fácil, aumentará el número de abortos al poder constatar que el bebé tiene el síndrome de Down. “En Dinamarca ya ocurre esto. Desde que el test es gratuito, apenas nacen niños con síndrome de Down”, constata Terpstra. Esto nos sitúa en una pendiente resbaladiza, cada vez más inclinada ya que el test diagnostica otras enfermedades genéticas. Si ahora los padres no quieren un hijo con síndrome de Down ¿cuál será la próxima condición? ¿el sexo? ¿el cociente intelectual? ¿la altura? Con estas perspectivas el test deja una sensación de inquietud.
Este modo de pensar, añade el autor del artículo, sitúa a las 12.000 personas con síndrome de Down que hay en Holanda y a sus familias fuera de la normalidad, pues podían haber evitado que naciesen con tal discapacidad. “Hay personas con el Síndrome de Down que, con la ayuda necesaria, funcionan bien en nuestra sociedad. Y de todos modos, un niño con síndrome de Down merece vivir y tiene derecho a protección”, según Julius Terpstra.
El CDJA, grupo político que Tersptra representa, se manifiesta en contra de que esta prueba se utilice para eliminar a los niños con síndrome de Down. Estos, en su opinión, tienen absolutamente dignidad humana y calidad de vida, aunque no se corresponda con el “ideal de hombre” tal como lo considera nuestra sociedad.