Los campesinos cocaleros necesitan una ayuda integral
Los cultivos de coca y amapola en Colombia, Perú y Bolivia son el primer eslabón de la cadena del narcotráfico. En los últimos veinte años miles de campesinos en los Andes han vivido y crecido entre los cultivos de coca. Hoy algunos gobiernos y organizaciones internacionales proyectan soluciones que van más allá de la simple represión. Pero promover cultivos sustitutivos a la economía de la coca es tarea ardua.
Para miles de campesinos y colonos en Colombia, Perú y Bolivia, el cultivo de coca y amapola ofrece una rentabilidad muy superior a la del café, el cacao o el plátano, y en bastantes casos es hoy la única alternativa viable. Además el proceso de conservación de las plantaciones de coca no requiere de mayores cuidados y la cosecha que se produce dos veces al año es comprada con anticipación por el narcotraficante que la procesa en laboratorios clandestinos en medio de la selva.
Cocaleros en busca de trabajo
En la cadena del narcotráfico, el eslabón más frágil está compuesto por los cultivadores. En Colombia han alcanzado mayor infraestructura y extensión con la participación de miles de colonos que salen de las grandes ciudades en busca de trabajo y por el respaldo de los grupos guerrilleros que se han aliado con los narcos para proteger sus cultivos.
En Bolivia y Perú los cultivadores directos han sido pequeños campesinos que han dejado de comercializar sus productos tradicionales o han perdido sus empleos en la minería. En el Chapare, el llano tropical de Bolivia, miles de trabajadores de las minas de estaño fueron despedidos en 1986 y algunos se convirtieron en cocaleros.
En la década de los ochenta el gobierno de Estados Unidos concentró todos sus esfuerzos en destruir los cultivos, pero esto fracasó. Fracasó porque sólo pensó en fumigar desde el aire las plantaciones, y dejó a un lado el problema social de miles de personas que no tenían más alternativa que buscar otro lugar recóndito en la selva para volver a cultivar coca y amapola.
En los últimos años los países productores han rectificado la estrategia. Colombia, Bolivia y Perú han pedido a los países consumidores mayores ayudas para enfrentar el problema social, y sustituir los cultivos de coca con productos lícitos y rentables.
La estrategia está teniendo resultados desiguales. La información más reciente de los satélites de reconocimiento de Estados Unidos revela un ligero descenso en los cultivos de coca en Perú y Bolivia y un preocupante aumento en Colombia (ver cuadro).
Para romper el eslabón de las drogas, el Director del Programa de Control de Drogas de la ONU, Pino Arlacchi, está ensayando una solución integral. En reciente entrevista al diario El País (22 enero 1998), dijo que en diez años se podrían eliminar los cultivos de coca y de opio. «Por primera vez estamos elaborando un plan global para eliminar simultáneamente los cultivos de opio y de coca en todo el mundo, partiendo de cinco países: Perú, Colombia y Bolivia, para la coca; Myanmar y Afganistán, para el opio. En diez años podremos eliminar todos los cultivos. Necesitamos cinco años para la erradicación y otros cinco para estabilizar los resultados. Ofreciendo a los campesinos cultivos y otras fuentes de ingreso hemos conseguido ya eliminar la producción de opio en Pakistán, donde se producían 800 toneladas, y actualmente, sólo 20». El refuerzo de la corresponsabilidad en la lucha contra la droga figura también en el plan de acción aprobado en la Segunda Cumbre de las Américas, que se celebró en Santiago de Chile el 18 y 19 de abril. Los presidentes latinoamericanos lograron una de sus principales aspiraciones: el fin de la certificación unilateral de Estados Unidos sobre la lucha contra el narcotráfico. A partir de ahora, corresponderá a la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de las Drogas certificar de modo multilateral el progreso de los distintos países en el tratamiento del problema.
Soluciones integrales
Los efectos sociales del problema han llevado a los gobiernos a atender a los campesinos que viven de la coca. En algunas poblaciones de Perú, Bolivia y Colombia, las mismas comunidades campesinas han destruido los cultivos ilícitos y han recibido ayudas para vivir de otros productos. En los Andes, la ONU ha financiado cooperativas agrarias que fomentan la comercialización de hortalizas y frutas, y facilitan créditos a los pequeños y medianos agricultores que renuncian a los cultivos de droga.
En Bolivia y Perú los planes de inversión social han avanzado con mayor solidez. Las vías de comunicación a los pueblos marginados -indispensables para la comercialización de sus productos- están mejorando. Así también la educación y capacitación de jóvenes en otras labores y el fortalecimiento de algunas empresas pequeñas en las cabeceras municipales conforman el plan general de soluciones a la sustitución y control de las plantaciones de coca.
Para estimular la sustitución de cultivos, Bolivia da una subvención a los campesinos de 2.000 dólares por cada hectárea de plantas de coca arrancadas. Perú, sin pretender destruir las plantaciones de coca mediante fumigación, incita a los cocaleros a abandonarlas y a diversificar los cultivos. Para integrar a las zonas selváticas en el resto del país, es preciso realizar grandes obras públicas -carreteras, puentes…- y crear servicios públicos esenciales, tarea que el Estado va abordando con ayuda de financiación extranjera.
En el último año los gobiernos de estos dos países han canalizado préstamos del Banco Mundial para crear y fortalecer pequeñas empresas agrarias. En 1997 hubo inversiones por 30 millones de dólares en la creación de granjas de cerdos, gallinas y frutales.
Para erradicar las 46.600 hectáreas de coca en Bolivia, el gobierno del presidente Hugo Banzer necesita 950 millones de dólares. Se calcula que 805 millones tendrán que venir de organismo internacionales y países amigos.
Al igual que Colombia, el gobierno boliviano es partidario de una solución integral. Según el vicepresidente, Jorge Quiroga, en cinco años se puede controlar el problema de las drogas: «Es imprescindible la cooperación regional, pues no nos enfrentamos a un problema nacional, nos enfrentamos a una gran multinacional delictiva».
La difícil erradicación en Colombia
En Colombia la alianza de algunos grupos guerrilleros con los narcos, dueños de las tierras y de las cosechas de coca y amapola, ha retrasado y detenido los planes de sustitución de cultivos que impulsa el gobierno con dinero del Banco Mundial. Esta combinación de males exige soluciones sociales y también de fuerza.
Medio millón de campesinos y colonos viven de la droga y sólo el 20% ha recibido beneficios de un programa gubernamental llamado «El Plante», un plan de sustitución de cultivos que ha invertido más de 25 millones de dólares en el sur del país. «El Plante» depende de la Presidencia de Colombia, pero sus programas son descentralizados y en los municipios más afectados por la droga tiene comités creados por líderes campesinos. En tres años de aplicación, este programa sólo ha funcionado en algunas zonas, pues la acción de la guerrilla y los obstáculos para comercializar nuevos productos aún existen.
Por esta razón el actual director de la Policía Antinarcóticos de Colombia, coronel Leonardo Gallego, reiteró recientemente que los planes no se pueden quedar en la simple fumigación de cultivos de coca. «Para que los cultivadores cambien de vida el gobierno les tiene que ofrecer alternativas de trabajo, estimular el cultivo de productos agrícolas, créditos, tierras, servicios sociales y seguridad».
Las mismas autoridades han admitido que mientras los narcotraficantes y la guerrilla formen un mismo bando las soluciones sociales tardarán más en ofrecer resultados. En los últimos tres años, las fumigaciones y los planes especiales de seguridad del ejército para recuperar esas zonas han provocado el malestar de miles de campesinos. Este descontento ha sido aprovechado por los guerrilleros para azuzar a los cultivadores de coca y lanzarlos a marchas de protesta, en las que han muerto cuatro campesinos y un soldado. Durante las labores de fumigación en 1997 los pequeños aviones Turbo Trush de la policía fueron atacados en 58 ocasiones. Seis oficiales perdieron la vida y once resultaron heridos en el cumplimiento de su misión.
Combatir otros eslabones del narcotráfico
Los años de fracaso en la lucha contra las drogas han obligado al gobierno de Estados Unidos a impulsar la cooperación internacional para enfrentar al enemigo común. En el último año la Casa Blanca desplegó una estrategia que va más allá de la ayuda militar y de los químicos que destruyen las plantas de coca y amapola.
Desde hace 18 meses el ejército de Estados Unidos está entrenando soldados mexicanos en suelo estadounidense para combatir el tráfico de estupefacientes en la frontera. Según informes de la DEA, Agencia Antidrogas de EE.UU., el 60% de la droga que se compra en las calles de ese país ha sido enviada a través de México y sus 3.200 kilómetros de frontera común.
El grupo de soldados que constituye una nueva unidad de elite incluye el entrenamiento cada año de 1.067 militares mexicanos en más de una docena de bases en Estados Unidos. Además, la CIA está dando cursos intensivos a un grupo de 90 militares mexicanos de esta nueva fuerza antinarcóticos.
La Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos también han aprobado la asistencia material a los países del área andina y a México para enfrentar el narcotráfico. A Colombia, Perú y Bolivia se entregó una flotilla de aviones Turbo Trush para las fumigaciones, helicópteros Huey UH-1H y aviones de vigilancia C-26 para detectar las pistas clandestinas en las selvas y derribar a las pequeñas naves de los narcos que transportan la droga procesada hasta el Caribe.
César Mauricio VelásquezEs posible acabar con la plaga de la coca en el PerúVer segunda parte del servicio