Con el voto final del Senado, la semana pasada el Congreso de Estados Unidos aprobó por amplia mayoría la más importante reforma educativa nacional desde 1965, año en que se adoptó la Ley de Educación Primaria y Secundaria. El proyecto, una de las prioridades del programa del presidente George Bush, ha sufrido importantes cambios en el trámite parlamentario, pero conserva las medidas principales del original. Se trata de utilizar los fondos federales, aumentados, para forzar la mejora de la enseñanza y reducir las desigualdades. Con la escuela que no responda al tratamiento se empleará mano dura, y sus alumnos podrán pasarse a otra.
Todo eso requiere, en primer lugar, un sistema para evaluar la calidad de la enseñanza. Cada Estado tendrá que poner un examen anual para medir el nivel de lectura y matemáticas de todos los alumnos desde tercer curso de primaria (7-8 años) hasta segundo de secundaria (12-13 años). Además, se harán pruebas nacionales a muestras de alumnos de todos los Estados, a fin de tener una guía para evaluar los resultados de las escuelas. Queda descartada la idea de hacer exámenes nacionales obligatorios, que venía siendo discutida desde hace años, pero que la mayoría de los políticos consideran incompatible con el federalismo.
Los Estados seguirán teniendo en sus manos la organización de la enseñanza, pero tendrán que responder más estrechamente del dinero federal que reciben. Habrán de fijar un nivel académico mínimo y dispondrán de 12 años para que todos los alumnos lo alcancen. También tendrán que medir el progreso de los niños pobres, de minorías o de otros grupos desaventajados.
Las escuelas que no den la talla recibirán más ayuda federal. Si tampoco así mejoran, se tomará con ellas medidas drásticas: relevo de todo el profesorado, cambio del plan de estudios o conversión en charter school (escuela sostenida por fondos públicos pero autónoma, a cargo de profesores, padres o una organización civil). Los alumnos de escuelas fallidas tendrán derecho a ayudas federales para clases particulares, cursos de verano… o transporte, si quieren cambiarse a otro centro público.
Todas esas medidas se dirigen contra la peor lacra de la enseñanza en Estados Unidos, según la opinión general: las fuertes desigualdades, que se perpetúan porque determinados grupos de alumnos están atrapados en escuelas de mala calidad. A partir de ahora, los perjudicados podrán escapar.
Otra manera de lograr lo mismo es el cheque escolar, que se viene experimentando en algunos lugares pero no está implantado a escala nacional. El presidente Bush quería incluir en la reforma de la Ley de Educación cheques federales de 1.500 dólares para las familias pobres que quisieran mandar a sus hijos a escuelas privadas o confesionales. Pero abandonó la idea al comprobar que no tenía posibilidad de ser aprobada por el Congreso.
La nueva ley destina 26.500 millones de dólares del presupuesto federal para el próximo año fiscal -que comienza en julio-: 8.000 millones más que el año pasado. Entrará en vigor en 2002.