Dentro de la batalla sobre la financiación pública de la investigación con embriones humanos, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo adoptó el 18 de septiembre una decisión importante a favor de la vida. La Comisión aprobó un informe del eurodiputado popular polaco Piotr Borys sobre los riesgos de financiar determinados trabajos científicos. Tuvo muy en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 18 de octubre de 2011, que rechazó la posibilidad de patentar técnicas relativas a embriones y células madre que llevasen a su destrucción, como sucede en la mayoría de los supuestos. El apoyo parlamentario ha sido amplio: votaron a favor populares y verdes –como se recordará, el asunto llegó a la Corte de Luxemburgo por iniciativa de Greenpeace de Alemania–, así como algunos liberales, socialistas y euroescépticos.
Como explicó el profesor José Miguel Serrano Ruiz-Calderón en Aceprensa (21-10-2011), “uno de los medios fundamentales por los que la dignidad de las personas puede verse amenazada en los años próximos es por la industrialización de procedimientos que tengan como base –materia prima– la destrucción de embriones humanos, ya sea producidos ex professo para ese fin, ya sea sobrantes de las técnicas de reproducción asistida”. De ahí la importancia de aquella sentencia, que utilizó un sentido amplio del embrión humano, que incluía también los llamados “preembriones”.
El informe Borys propuso varias enmiendas al texto de la Comisión Europea para el Programa Marco de Investigación 2013-2020, “Horizonte 2020”. Ese texto incluye la financiación de trabajos sobre células madre extraídas de embriones, y sobre los propios embriones, en cierta contradicción con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros de la UE.
Las enmiendas aprobadas establecen que no sea financiada por la UE “la investigación que implique la destrucción de embriones humanos, ni la que utilice células madre embrionarias humanas”. Añaden que “es conveniente que la Comisión apoye activamente la investigación dirigida a desarrollar alternativas a las células madre embrionarias”.
La decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara no es vinculante para Bruselas, pero no es una mera formalidad: el programa marco de investigación se inscribe en el ámbito de la “codecisión”, lo que significa la doble aprobación del Consejo de la UE (que representa a los gobiernos nacionales) y del Parlamento, elegido por sufragio universal. El proyecto seguirá su curso, probablemente con negociaciones conjuntas para llegar al texto definitivo, de modo que pueda recibir la luz verde del pleno del Parlamento. Evidentemente, la batalla no está cerrada.
De momento, el resultado es muy positivo, a juicio del eurodiputado Carlo Casini, Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales: “Un voto especialmente importante, ya que expresa una mayoría muy significativa que ha tenido en cuenta de modo adecuado la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia” (Avvenire, 19-09-2012). En suma, “confirma que el principio básico es siempre la dignidad del ser humano, y por tanto también del embrión”, y que “el embrión merece tutela, porque es portador de dignidad humana”.