En Francia, la Asamblea Nacional debatirá el próximo 9 de octubre una propuesta de ley de la izquierda que extiende a las parejas no casadas, sin distinción de sexos, ciertos derechos ligados hasta ahora al matrimonio. El llamado Pacto Civil de Solidaridad (PACS) permitiría, entre otras cosas, hacer una declaración fiscal conjunta, sometería a los bienes en común a las mismas reglas de sucesión que entre los esposos y obligaría a las dos partes a apoyarse moral y económicamente durante el tiempo para el que se firmase el pacto. Junto a las posturas de los partidos políticos, han llamado especialmente la atención la declaración de la Conferencia Episcopal francesa y otra firmada por más de 18.000 alcaldes en defensa del «matrimonio republicano».
Los obispos franceses, en su declaración, califican la propuesta del PACS como «una ley inútil y peligrosa». Aunque los autores del proyecto dicen que no se trata de un «matrimonio bis», sino de simples medidas prácticas, los obispos advierten que «este proyecto concede, sin las obligaciones correspondientes, la mayor parte de los derechos inherentes al matrimonio, haciendo éste finalmente superfluo. El matrimonio fija el marco jurídico que favorece la estabilidad de la familia. Permite la renovación de las generaciones. No es un simple contrato o un asunto privado, sino que constituye una de las estructuras fundamentales de la sociedad, cuya coherencia mantiene. El matrimonio debe ser valorizado como la alianza privilegiada entre un hombre y una mujer».
La declaración reconoce que la sociedad puede adoptar medidas prácticas para que nadie sea marginado ni se encuentre en condiciones invivibles. Pero esta proposición de ley supone, a su juicio, una filosofía implícita de las relaciones entre las personas. «Sería perjudicial que la legislación reconociera una jerarquía de uniones, según las tendencias subjetivas de las personas, acentuando, de hecho, las disparidades de derechos y de deberes. La sociedad no tiene por qué reconocer todas las asociaciones afectivas que corresponden a la experiencia singular de cada uno y a la esfera privada».
Después advierte que, para algunos promotores de esta proposición de ley, el objeto principal es «proporcionar un marco social a la relación homosexual. Reivindican, para un futuro más o menos cercano, un ‘matrimonio’ para los homosexuales, incluso la adopción de niños. Pero no hay equivalencia entre la relación de dos personas del mismo sexo y la formada por un hombre y una mujer. Sólo esta última puede ser calificada de pareja, ya que implica la diferencia sexual, la dimensión conyugal, la capacidad de ejercer la paternidad y la maternidad». Los obispos señalan que no hay en eso ninguna discriminación, sino un reconocimiento de las condiciones necesarias para la vida en sociedad. «Una cosa es respetar los derechos que corresponden a todas las personas y otra es querer instituir una orientación particular, incluso hacer de ella un modelo».
Los obispos aluden también a la necesaria integración social de los jóvenes -problema que preocupa en la sociedad francesa por el aumento de la delincuencia juvenil, vandalismo, absentismo escolar…-, ante la cual los poderes públicos han subrayado el papel decisivo del padre y de la madre. «Sería una verdadera contradicción -dicen- recordar a los padres su misión social, mientras que al mismo tiempo se debilita la imagen social del matrimonio y de la familia».
La convicción de los obispos es que «el derecho ofrece suficientes posibilidades para arreglar los problemas sociales o económicos de las personas que no pueden o no quieren casarse». Pero no es necesario crear por ley un nuevo estatuto «que corre el riesgo de desestructurar aún más el sentido de la pareja y de la familia».
Por su parte, los promotores de la declaración en defensa del «matrimonio republicano» (ver servicio 60/98) aseguran haber obtenido la firma de 18.845 alcaldes (unos dos mil de izquierda, seis mil de derecha y más de diez mil independientes).
Estos alcaldes recuerdan que la República hizo del matrimonio una celebración laica, presidida por el alcalde: «No hay otro acontecimiento en la vida del ciudadano, de su nacimiento a su muerte, que reciba tal honor». Con el PACS, dicen, muchas parejas, «pudiendo escoger entre un contrato exigente en el que los deberes equilibran los derechos y otro que da los mismos derechos con los deberes reducidos a poca cosa, escogerán el que obliga menos». «No se ve lo que ganará en cohesión la sociedad francesa, que ya sufre los problemas planteados por las parejas rotas y las familias monoparentales». Los firmantes no ven por qué debe celebrarse en la alcaldía con solemnidad pública un contrato tan sumario, que corresponde a meros acuerdos entre individuos.
Estos alcaldes consideran que esta proposición sólo pretende dar satisfacción al colectivo homosexual, que invoca a las otras «minorías oprimidas» con el fin de obtener la única reivindicación que le interesa: «Que la relación homosexual reciba un reconocimiento legal e, incluso, una legitimidad igual a la del matrimonio. Este pequeño grupo, que tiene que hacer tanto ruido al ser muy minoritario, se preocupa poco de las consecuencias de la ley sobre el conjunto de la sociedad».
Si hay que reconocer las uniones homosexuales, «triste parodia de la familia verdadera, ¿por qué no la unión polígama? -se preguntan los alcaldes-. ¿En qué es menos respetable que la familia homosexual?». Cuestión no meramente teórica, habida cuenta de la creciente presencia en Francia de grupos étnicos africanos que admiten la poligamia.