La inmigración vuelve a aparecer como objeto de reformas legales en varios países europeos. Lo novedoso del debate actual es que los países de acogida, en lugar de resignarse a una tendencia imparable, buscan cómo favorecer la entrada de los trabajadores que les interesan.
El gobierno británico ha anunciado un plan para la admisión de inmigrantes de fuera de la UE, basado en un sistema de puntos, según las características de los candidatos. Se inspira en los ejemplos canadiense y australiano, y es comparable a un proyecto presentado en Francia (cfr. Aceprensa 18/06). Los candidatos a la inmigración serán clasificados en cinco categorías y puntuados según varios criterios: edad, cualificación, experiencia, dominio del inglés y salarios anteriores.
En lo alto de la escala, las «personas altamente cualificadas» (científicos, médicos, ingenieros, informáticos, hombres de negocios…) podrán entrar en el país sin haber recibido una oferta de trabajo, traer a su familia e instalarse definitivamente al cabo de dos años.
La segunda categoría corresponde a personal especializado que puede cubrir la escasez de trabajadores en ciertas categorías en Gran Bretaña. Es el caso de profesores, enfermeras, contables… De todos modos, tener una oferta de trabajo no les garantiza «ipso facto» la entrada en el país. Podrán residir de modo definitivo al cabo de cinco años.
Los trabajadores poco cualificados (en agricultura, hostelería, restauración…), que forman la tercera categoría, van a tener más difícil la entrada. Necesitarán disponer de una oferta de trabajo, por una duración fijada de antemano, no superior a un año, y con el compromiso de salir del país al término de su contrato. No podrán traer a su familia ni instalarse en el país. Actualmente todos los trabajadores que están en Gran Bretaña por cuatro años pueden pedir la residencia permanente.
Estas restricciones se basan en la convicción de que para las tareas poco cualificadas bastan los inmigrantes provenientes de los diez nuevos países de la UE. Más de 350.000 europeos del este se han instalado en Gran Bretaña desde mayo de 2004.
La cuarta categoría corresponde a estudiantes y la quinta a trabajadores temporales -como los empleados de empresas multinacionales con sede en el Reino Unido- y a «trabajadores especiales», desde entrenadores deportivos a futbolistas, personal religioso o músicos.
Los candidatos a la inmigración deberán dirigirse a los consulados británicos para hacer su solicitud. Un nuevo organismo, dependiente del Ministerio del Interior, determinará los sectores deficitarios en mano de obra para regular la inmigración.
Otros países de la UE, que pusieron restricciones a la entrada de trabajadores de Europa del este, han empezado a abandonarlas. El pasado 10 de marzo, España, Portugal y Finlandia anunciaron en el Consejo de Trabajo y Asuntos Sociales, celebrado en Bruselas, la eliminación de las trabas a la libre circulación de trabajadores procedentes de los países de Europa del este que ingresaron en la UE en 2004. Estas restricciones respondían a una campaña alarmista, que anunciaba una invasión de mano de obra barata (ver Aceprensa 59/04). La temida avalancha, sin embargo, no se ha producido.
ACEPRENSA