Contrapunto
La nueva ley de reproducción asistida en España, que entró en vigor el 23 de noviembre, establece que no se puede fecundar más de tres óvulos por tratamiento. Se intenta así poner coto a una práctica incontrolada que llevó a acumular en las clínicas del ramo un número cada vez mayor de embriones congelados, estimado en unos 200.000.
La ley prevé que, en el futuro reglamento, se determinarán los casos excepcionales en que, por especiales patologías, se podrán fecundar más de tres óvulos. A estas excepciones quieren agarrarse las clínicas de reproducción asistida, para asegurarse de que todo seguirá igual. El lobby de las clínicas ha propuesto, a través de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, una amplia lista de excepciones, que, en definitiva, dejaría al arbitrio del médico el número de óvulos que hay que fecundar.
Según informaciones publicadas, las excepciones propuestas son tan vagas como «esterilidad de origen desconocido» o «mujer de más de 35 años». Y como el Ministerio de Sanidad no ha dado todavía su visto bueno a tales «excepciones», las clínicas se quejan como si se les negara algo debido.
Ante cualquier ley aprobada, uno puede criticarla por considerar que no es adecuada. Lo que no tiene sentido es tratar de vaciarla de contenido por el camino de las excepciones. Así, el codirector del Instituto Valenciano de Fertilidad, José Remohí, declara: «Las excepciones eran amplias porque la ley es incoherente y había que subsanarla» (El País, 16-XII-2003). Sucede que en un Estado de derecho ya hay un cuerpo encargado de estudiar si un proyecto de ley es coherente o necesita ser subsanado. Y ese cuerpo es el Parlamento. A los sectores interesados se les escucha, pero no son ellos los que hacen las leyes. Lo contrario sería profundamente antidemocrático.
Todos los lobbies pugnan por sacar a flote sus intereses. Pero no hay por qué conceder al ramo de la reproducción asistida lo que parecería incongruente en otros sectores. Por ejemplo, la banca, que intenta reproducir los beneficios económicos de sus clientes, y de paso los suyos. Sin duda nos parecería extraño que, una vez aprobada una reforma fiscal, la banca intentara conseguir por la puerta de atrás unas desgravaciones para los clientes de ciertos productos financieros, alegando que la ley era incoherente y que había que subsanarla.
Dejar al arbitrio del médico el número de óvulos a fecundar es lo que ocurría antes y lo que dio origen al problema. Pues es de suponer que las clínicas no se dedicaban a crear embriones y a congelarlos por diversión. Lo hacían para asegurarse una mayor probabilidad de éxito. Pero quizá también por esa fecundación sin topes, las estadísticas muestran que las clínicas españolas necesitan utilizar un número desproporcionado de embriones (cfr. servicio 131/03).
Curiosamente, los representantes del lobby de las clínicas dicen sentirse «engañados» porque el Ministerio de Sanidad no ha aprobado aún las excepciones que ellos proponen. Pero las leyes no se negocian con los sectores del ramo, sino con los parlamentarios, que representan el interés general. El engaño sería convertir las excepciones en norma.
Ignacio Aréchaga