La Unión Europea ha sido el principal valedor del Protocolo de Kioto, que prevé reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para luchar contra el cambio climático. Pero a medida que se acerca el momento de tomar decisiones que afectarán a la economía, los industriales europeos advierten que su competitividad se verá afectada y presionan a la Comisión Europea para que revise sus compromisos.
A finales del año pasado, la UE anunciaba que, visto el grado de incumplimiento de lo previsto, para 2012 podrá reducir sus emisiones de CO2 un 0,5% por debajo del nivel de 1990, en lugar del 8% a que se había comprometido en Kioto (1997). Algunos incluso ponen en entredicho el acuerdo ratificado por la UE en 2002. Así, Philippe de Buck, secretario general de la Confederación de Empresarios Europeos (UNICE), ha advertido las consecuencias económicas negativas que tendría un compromiso «unilateral» de la UE, si otros competidores (EE.UU., Rusia, China) no aceptan los mismos compromisos. EE.UU. es el primer responsable de las emisiones de CO2, con el 20% del total mundial, seguido de China con el 14,32%, y ninguno de los dos países ha ratificado el Protocolo por ahora.
La UE, responsable del 11,59% de las emisiones, prepara una directiva sobre reducción que afecta a la producción de energía, las refinerías de petróleo, la siderurgia, el cemento, la industria papelera, la cerámica y el vidrio. En total, 12.000 fábricas serán sometidas a distintas restricciones de consumo energético en los 25 países de la UE. Las empresas que superen el límite de emisiones deberán comprar permisos de emisión a las que estén por debajo de sus cuotas.
El 31 de marzo finalizaba el plazo para que los países de la UE presentaran en Bruselas sus planes para reducir emisiones. El plan que ha presentado Alemania es una fórmula de compromiso entre la reducción más drástica que pedía el ministro de Medio Ambiente (Jürgen Trittin, verde) y la que proponía el de Industria (Wolfgang Clement, socialdemócrata). Quedan exentas de participar en esta reducción las industrias siderúrgica, cristalera y cerámica, por su «fragilidad» frente a la competencia extranjera.
Con el cambio de gobierno, España no ha presentado aún el plan definitivo para reducir las emisiones. España corría con ventaja, ya que para 2012 podía aumentar sus emisiones de CO2 (respecto a 1990) un 15%. Lo cierto es que para 2001 ya las había aumentado un 32%. La patronal CEOE advirtió a fines de 2003 que, si España sigue emitiendo anualmente entre 100 y 120 millones de toneladas de CO2 por encima del límite que le corresponde, a partir de 2008 deberá «comprarlas», y que la adquisición de ese derecho costará a las empresas españolas más de 3.000 millones de euros (entre el 0,5% y el 0,6% del PIB). Esto aumentará los costos, pesará sobre el empleo y repercutirá en los consumidores. Una vez más se comprueba que una producción respetuosa con el medio ambiente hay que pagarla.